Lo admito, el nuevo Parador de Ibiza es una maravilla. La rehabilitación del castillo, la integración arquitectónica, las vistas sobre Dalt Vila y el puerto, la fusión de patrimonio histórico y diseño contemporáneo. Las fotografías oficiales son impecables. Los reportajes que se están publicando, magníficos. Todo es deslumbrante. La narrativa gubernamental es insuperable: recuperación del patrimonio, turismo de calidad, accesibilidad, sostenibilidad, excelencia...
Contemple la transformación y disfrute del momento, porque es probable que usted, que ha pagado el nuevo hotel público de la isla con sus impuestos, no pueda alojarse allí jamás, a menos que consiga entrar a trabajar. En esta tierra, según parece, escaseaban los hoteles de lujo y allí que vino al rescate la hotelera del Gobierno de España. Y lo hace con un establecimiento que competirá en el segmento más alto del mercado. Pero cabe preguntarse ¿cuál es exactamente la prioridad pública que justifica esta inversión en la Ibiza de 2026?
La cascada de reportajes laudatorios recuerda inevitablemente a esos programas de televisión en los que un personaje famoso —generalmente rico— abre las puertas de su mansión. El espectador pasea por estancias increíbles, admira terrazas infinitas y cocina de diseño. Se le invita a mirar. A soñar. También a envidiar, por qué no decirlo.
Siempre quedará el consuelo de subir a la cafetería del Parador. Un café con vistas. No será mucho más caro que en cualquier establecimiento de Dalt Vila. Y, con suerte, una vez al año casi todos podrán permitirse un agua mineral. Un capricho, vaya, que un día es un día.
El momento estelar llegó con las declaraciones del ministro, Jordi Hereu, reivindicando la «responsabilidad social» del proyecto porque el Parador renuncia a comercializar veinte habitaciones para alojar a parte de su plantilla. Ovación cerrada. Turismo sostenible, modelo ejemplar, sensibilidad laboral.
Pero conviene rascar un poco. Si un establecimiento público en Ibiza tiene que destinar habitaciones a sus propios trabajadores porque estos no pueden pagar un alquiler o acceder a una vivienda en el mercado libre, la solución no pasa porque la empresa les provea temporalmente de un techo y una cama.
¿Qué proyecto de vida ofrece Paradores a esos empleados? ¿Compartir estancia en el mismo recinto donde trabajan? ¿Vivir en un castillo convertido en hotel, lejos de cualquier estabilidad residencial? ¿Sin posibilidad real de traer a su familia, de arraigarse, de tener algo propio?
Hace cuarenta años era habitual que el personal de hotel viviera en dependencias anexas. Era otra época, otro mercado laboral y otra sociedad. Por lo visto, volvemos atrás. Convertir esa fórmula en estandarte de modernidad social resulta, como mínimo, discutible.
No se trata de cuestionar la calidad arquitectónica del Parador ni el valor de recuperar el emblema del patrimonio histórico y arquitectónico. Se trata de no presentar como hito social lo que en realidad es la consecuencia directa de un fracaso colectivo estrepitoso, cuyo síntoma más evidente es un mercado inmobiliario desbocado.
El castillo luce espléndido. Las vistas son incomparables. Pero ¿para quién es este lujo que hemos pagado todos? Y, sobre todo, ¿qué dice de nosotros que la solución para los trabajadores sea alojarlos en su propio lugar de trabajo?
No normalicemos lo que no es normal. Porque el envoltorio puede ser de cinco estrellas superior, pero el problema sigue siendo de una crudeza que contrasta severamente con las unánimes sonrisas autocomplacientes de los políticos que el lunes inauguraron su nuevo hotelazo público.