Se acerca una nueva temporada de verano y, de nuevo, se recrudece el gravísimo problema de la vivienda en nuestra isla. Lejos de haber mejorado, la situación sigue yendo a peor año tras año y no se detecta el menor indicio real de que vaya a cambiar significativamente a corto plazo. La problemática habitacional sigue empeorando a pesar de alguna noticia aislada que pretende hacernos creer que se avanza en su solución. La noticia en cuestión no es otra que la que se viene repitiendo en los últimos meses, tanto a nivel insular como autonómico, de que desde la Conselleria de Lucha contra el Intrusismo del Consell Insular d’Eivissa se ha conseguido eliminar el 80% de las plazas turísticas ilegales que se venían anunciando en la plataforma Airbnb.
Para empezar, vale la pena recordar un detalle importante: la eliminación de los anuncios en una plataforma determinada para nada equivale a la eliminación real y efectiva de la comercialización ilegal de las viviendas en cuestión. Seamos serios, resulta fácilmente comprobable que la práctica totalidad de esas viviendas que se alquilan turísticamente de forma ilegal cada verano se siguen alquilando. Todas aquellas viviendas que ya no se anuncian en la plataforma con la que se ha llegado a un «acuerdo» con el Consell lo hacen por otra vía o en distintas y diversas webs de internet; la realidad es que se sigue comercializando y especulando con ellas.
Tampoco se consigue demasiada efectividad en esa lucha por el simple hecho de que se diga y se repita que en el municipio de Vila el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares está prohibido. No tardaremos mucho en empezar a ver el habitual trasiego de maletas por las calles del municipio, dirigiéndose a esas viviendas que se explotan turísticamente de forma ilegal. Y ello sigue ocurriendo porque no hay suficientes agentes o inspectores que puedan controlar tales irregularidades. Del mismo modo, tampoco existe legislación clara y contundente que permita el precinto inmediato de las viviendas en las que se está cometiendo dicha ilegalidad. La apertura de expedientes sancionadores está muy lejos de conseguir la efectividad real que por parte de la administración insular se le quiere dar.
Las contradicciones en las que incurren los responsables políticos a la hora de referirse al alquiler turístico de viviendas residenciales son muy claras y evidentes. Afirman que esas viviendas turísticas contribuyen a la falta de vivienda para residentes en la isla y que afectan a la convivencia entre residentes y turistas en aquellos edificios afectados por la citada actividad. Por ello dicen no estar dispuestos a dar ni un solo paso atrás en su lucha contra el intrusismo. Tales declaraciones no son más que palabras que se las lleva el viento, ya que la crisis habitacional no hace más que empeorar.
Los mismos que afirman que la vivienda turística es un problema para los residentes a la hora de encontrar un lugar donde vivir dignamente son los que, cuando tienen la oportunidad de recortar, aunque sea mínimamente, ese tipo de negocio, no lo hacen. Sirva como ejemplo el reciente anuncio del Consell Insular de Mallorca, que ha reabierto la bolsa de alquiler vacacional para un total de 1.069 plazas que ahora no se estaban comercializando. Cómo puede defender el conseller de Turismo del Govern que este negocio supone un problema para los residentes que buscan una vivienda y, al mismo tiempo, recuperar más de 1.000 plazas que no están en el mercado vacacional ahora mismo.
Unos y otros —y me refiero a gobierno y oposición— siguen en sus batallas internas, apedreándose verbalmente entre ellos y responsabilizándose respectivamente de ser los que nos han llevado a la dramática situación habitacional actual. Lo cierto es que en esta cuestión ni unos ni otros están libres de pecado; en ambos casos son y han sido responsables de la actual crisis. Tanto PP como PSOE son responsables del desastre que ha supuesto haber autorizado en su momento que se pudiera utilizar la vivienda residencial como negocio turístico, permitiendo que se modificara el uso para el que habían sido construidas. Las viviendas no pueden ser pequeños hoteles. Los turistas tienen que alojarse en los establecimientos hoteleros y las viviendas han de estar disponibles para los residentes y los trabajadores que atienden y dan servicio a esos turistas.
Por ello, si tenemos en cuenta que en la isla hay algo más de 4.000 viviendas vacacionales autorizadas y varias miles más que se alquilan ilegalmente y, estando de acuerdo en la incidencia negativa que para los residentes tiene este absurdo negocio de utilizar la vivienda residencial para hacer negocio turístico, solo cabe una conclusión: hay que eliminar de raíz este tipo de negocio, que no es más que un nido de especulación. Hay que dejarse de pamplinas y darse cuenta de lo que ello supondría: poner a disposición de quienes buscan una vivienda para residir las miles y miles que ahora ocupan, legal o ilegalmente, los turistas que nos visitan sería, sin duda, el mayor avance en la resolución de la crisis habitacional en nuestra isla.