Saturado y cansado ha de sentirse el ciudadano de a pie, ante el constante desfile de políticos en los diversos medios de comunicación, anunciando paquetes de medidas destinadas a resolver problemas que afectan a nuestra sociedad en general. De ello tenemos en nuestra isla una dilatada experiencia, sobre todo en lo de que se hagan constantes anuncios y en realidad no se resuelva absolutamente nada.
Lo cierto es que las diversas administraciones y los poderes públicos en general siguen tomando por tontos a los ciudadanos en general y muy especialmente a los de nuestra isla en particular. A estas alturas todos somos conscientes de que el mayor problema que nos afecta como sociedad, es la extrema dificultad que supone conseguir una vivienda digna a un precio razonable o asumible. Es una constante de nuestro día a día ver como todos los que ostentan algún tipo de cargo público, siguen haciéndose eco de la gravedad del problema habitacional que durante todo el año machaca nuestra isla, pero que con la llegada de la temporada estival se viene agravando sustancialmente.
Es ya una constante la noticia del continuo incremento de los precios. No paran de subir y resultan inasumibles para la gran mayoría de la población residente. Del mismo modo, también resultan recurrentes los diversos anuncios de nuestros gobernantes, sean del color que sean, anunciando propuestas supuestamente nuevas, encaminadas todas ellas a resolver la problemática en cuestión. Hoy por hoy, la realidad es el único escenario creíble. Las constantes promesas de construcción de miles de viviendas nuevas que siguen sin iniciarse, ya que los trámites previos se eternizan y los proyectos acaban olvidados en algún cajón. Los diversos programas para conseguir alquileres asequibles que acaban en escandalosos fracasos. El uso fraudulento de la vivienda residencial como negocio turístico. La falta de medidas asumidas por los poderes públicos a la hora de garantizar el derecho a una vivienda. La aparente necesidad de que se vea que la solución al problema solo llegará el día que unos y otros entiendan que hay que ayudar a propietarios y a inquilinos, sin dejar a ninguna de las dos partes fuera de la solución. Todas estas circunstancias adversas son una realidad, sin embargo no se atisba el menor detalle que permita aventurar una pronta solución, ni tan siquiera una solución a medio plazo.
«Ahora, a las puertas del verano se anuncia el encargo de un estudio para conocer el número real de viviendas vacías en la isla. De nuevo un estudio que no solventará nada, ya que de qué va a servir si nadie es capaz de hacer una propuesta real y efectiva para que esas viviendas salgan al mercado del alquiler a unos precios razonables»
Hace unos días se reunió la Mesa de Diálogo Social, en la que políticos, patronales y sindicatos, volvieron a poner sobre la mesa la problemática habitacional en nuestra isla. De nuevo se expuso la grave situación, se hicieron declaraciones de rechazo sobre el problema en cuestión. Se volvió a constatar todo lo que ya es sabido y que es más que evidente. Pero de nuevo nadie puso sobre la mesa algo eficaz para que el inicio de esta temporada de verano pueda ser distinto a la del año pasado. Ahora, a las puertas del verano se anuncia el encargo de un estudio para conocer el número real de viviendas vacías en la isla. De nuevo un estudio que no solventará nada, ya que de qué va a servir si nadie es capaz de hacer una propuesta real y efectiva para que esas viviendas salgan al mercado del alquiler a unos precios razonables.
Dice el Presidente del Consell que «los trabajadores han de tener condiciones dignas para vivir». Tal afirmación es cierta, pero lo que está ocurriendo es radicalmente lo contrario. Trabajadores de nuestros hoteles o del aeropuerto, se ven obligados a vivir en chabolas indignas en asentamientos ilegales, de los que sistemáticamente son expulsados. Trabajadores que ganan 1.500 euros y a los que se les piden 2.000 de alquiler. No basta con anunciar cuales son los derechos de un trabajador, lo que hace falta es que este pueda vivir en un lugar digno y para ello hay que actuar.
Trabajadores y residente pasando penurias y entre tanto, resulta que el 36% de las compras de viviendas, las hacen los extranjeros; o que 3 de cada 4 propietarios que alquilan turísticamente sus viviendas de forma ilegal, son residentes. Y a pesar de que todo ello es sobradamente conocido, nada se hace por parte de la administración para ponerle remedio. La escandalosa especulación con la vivienda residencial sigue siendo una constante en la isla. Nada se hace para controlar el negocio inmobiliario y se sigue esperando que el propio mercado se autorregule; pero qué va a regular si cada año gana más y más.
La política del anuncio sin más, es un engaña bobos, es inútil y absurda, no tiene efectividad alguna y lo único que hace es eternizar el problema y que no haya visos de solución. Las competencias en materia de vivienda son del Govern, pero este no puede estar cerrado a propuestas del rival, o a otras del propio partido, por difíciles que estas parezcan, como lo de limitar la venta de inmuebles a aquellos que los quieran para vivir en ellos, no para hacer negocio o simplemente para tener cerrados a la espera de unas condiciones de mercado que les agraden.
De no hacer algo efectivo, nuestra isla acabará llena de establecimientos de lujo y de chabolas para sus trabajadores.