La reforma del artículo 69.3 de la Constitución que permitirá a Formentera contar con un senador propio representa la culminación lógica de un proceso institucional que comenzó hace años y que supone reconocer una realidad allí donde ya existe.
Durante mucho tiempo, Ibiza y Formentera compartieron estructuras institucionales que pudieron tener sentido en un contexto determinado. Pero ese modelo se agotó cuando Formentera empezó a reclamar un reconocimiento real. La creación del Consell Insular de Formentera, tras la reforma del Estatut de Autonomía, marcó un antes y un después. Fue la expresión de una firme voluntad de alcanzar su autogobierno.
Desde entonces, todo lo que ha venido después —incluida esta reforma constitucional— no es más que la consecuencia natural de aquel paso. Se trata de hacer coherente el ordenamiento jurídico con la realidad política.
Pero si algo distingue este momento es el consenso. En un tiempo en el que demasiadas decisiones se impulsan desde la conveniencia política, el caso de Formentera recuerda cómo deben hacerse las cosas. Desde el acuerdo, desde la convicción compartida y desde el respeto a la pluralidad.
La historia de Formentera es una historia de reivindicación permanente. Cada avance ha sido fruto de una insistencia constante por hacerse oír, por explicar su singularidad y por no resignarse a quedar en la periferia de las decisiones que le afectan.
Y ahora tendrá voz propia en el Senado.
Ahora bien, cuando hablamos de «voz propia», no hablamos únicamente de ocupar un escaño. De viajar a Madrid y regresar a Formentera. Hablamos de autonomía, de independencia, de criterio propio, de sentido de Estado y de la capacidad de defender el interés general desde una realidad singular.
Porque, señorías, de nada habrá servido todo el camino recorrido si esa representación se ejerce desde la indiferencia, la subordinación y la disciplina motivada por la coyuntura política del momento. De nada habrá servido haber conquistado espacios institucionales si, una vez dentro, se opta por no incomodar a nadie.
Especialmente en cuestiones críticas como la política migratoria, Formentera no puede convertirse en la última estación de un problema mal gestionado y del que no es responsable.
Aquí es donde el papel del senador adquiere toda su dimensión. El senador debe exigir una política migratoria que combine solidaridad con sentido de Estado. Que evite más muertes en el mar y más lápidas sin nombre conocido en el cementerio de Formentera. Que apueste por vías legales y seguras, por retornos efectivos cuando proceda y por una distribución justa de responsabilidades.
Formentera es también un territorio singular en su configuración física y social. Y en Formentera, la costa es su forma de vida. Es el espacio donde se ha construido su identidad, su economía y su manera de estar en el mundo. Por eso, aplicar una Ley de Costas sin matices, sin excepciones y pensada para otras realidades es no entender a Formentera.
Y ahí es donde el senador por Formentera va a tener una responsabilidad capital: se trata de explicar y hacer entender que Formentera es diferente.
Y ahí es donde reside la verdadera importancia de esta reforma.
Formentera no solo gana un senador. Gana una oportunidad. Una oportunidad para defender sus servicios públicos, su modelo de vida y su capacidad de decidir sobre aquello que le afecta directamente.
Pero hay una última reflexión que va más allá de Formentera y que interpela directamente a cómo entendemos las reformas constitucionales en nuestro país. La elección del senador por Formentera es, en sí misma, una lección de cómo deben hacerse las cosas. Una lección que nos recuerda que las reformas constitucionales nunca pueden imponerse desde una parte, porque la Constitución no es propiedad de nadie, sino que es propiedad de todos.
Pues bien, frente al ejemplo de Formentera —construido desde el consenso—, hoy se plantea la reforma del artículo 43 impulsada desde el Consejo de Ministros que recorre el camino en sentido inverso: primero se decide la reforma, y después se buscan los apoyos. Y ese orden no es menor, porque altera la lógica misma del constitucionalismo.
Nuestra Constitución no nació de una mayoría, ni fue la expresión de un bloque político que se impuso sobre otro. No es propiedad de un Gobierno ni de una mayoría coyuntural, ni puede utilizarse como instrumento de estrategia política. Por eso, cuando se invierte el proceso —cuando primero se impulsa y después se intenta construir el acuerdo—, lo que se debilita no es solo la reforma, sino el propio sentido del pacto constitucional.
Formentera nos ha enseñado que lo importante no es solo llegar, sino cómo se llega. Hay decisiones que, por su naturaleza, exigen acuerdo. Y ese es, en definitiva, el aprendizaje que hoy nos ofrece Formentera: que la verdadera fortaleza de una reforma no está en quién la impulsa, sino en cuántos la comparten.