Esta semana se publicó la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) correspondiente a 2025. Allí se constata que la Administración de Justicia en Ibiza y Formentera trabaja en condiciones inadecuadas, bajo una fuerte presión estructural, con una plantilla limitada y una incapacidad manifiesta para absorber la carga de trabajo. Ese diagnóstico es similar en el conjunto del archipiélago, pero en las Pitiusas adquiere tintes alarmantes.
El partido judicial de Ibiza cuenta en la actualidad con 15 jueces (sólo tres más que hace una década), lo que resulta insuficiente. Con una tasa de litigiosidad superior a la media nacional, agravada por la elevada población flotante derivada del turismo, la presión adicional no viene acompañada de un incremento proporcional de medios personales y materiales.
En el conjunto de Baleares, hay un déficit de 39 plazas de juez, lo que supone un tercio de la plantilla actual. Esta carencia es la principal causa de la incapacidad de respuesta del sistema judicial. En toda la comunidad autónoma los asuntos sin resolver superan los 120.891 casos, consolidando una tendencia sostenida al alza de los procedimientos pendientes.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Recordemos que la Administración de Justicia no depende del Govern balear ni de los consells insulars. Es competencia directa del Gobierno central, es decir, de Pedro Sánchez, que acumula ya cerca de ocho años en La Moncloa. Han transcurrido dos legislaturas de gobierno de coalición progresista, tiempo más que suficiente para que hubiese mejorado algo. Pero ha sucedido todo lo contrario.
Cada año hay más asuntos, menos capacidad de respuesta y una acumulación constante de retrasos. Esto se traduce en más ciudadanos esperando una resolución judicial. Cada año la Justicia llega más tarde. ¿Qué ha hecho el Gobierno central en estos ocho años ante una carencia cuantificada, reiterada y documentada? La respuesta es desoladora: nada útil.
Mientras se habla de reformas legislativas y de modernización —como la reciente reorganización en tribunales de instancia, cuyos efectos positivos son imperceptibles—, la realidad cotidiana sigue siendo la de unos juzgados saturados, señalamientos a años vista y ciudadanos atrapados en un sistema que no responde en «un tiempo razonable», como exige el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ibiza y Formentera necesitan más medios, más jueces, más funcionarios y mejores infraestructuras. Después de ocho años de gobierno sanchista, la justicia está cada vez peor.
EL PSOE CALLA
No esperen ninguna declaración del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ni de la directora insular del Estado, Raquel Guasch, ni de la diputada socialista Milena Herrera, ni del senador Juanjo Ferrer. Su irresponsabilidad es total y absoluta. Y su cinismo, máximo.
Lo que depende del Gobierno central en las Pitiusas, como los juzgados, la DGT, la Agencia Tributaria, AENA y las Fuerzas de Seguridad del Estado, es una calamidad absoluta. Recuérdenlo cuando le pidan el voto a no tardar.