Es cierto que en España tienen lugar miles y miles de desahucios cada año, por tanto el ya famoso de Maricarmen, efectivamente, no es un caso excepcional, ni muy distinto a muchos otros que se han ejecutado; ahora bien, sí es un caso a tener en cuenta y a considerar con detenimiento, puesto que ha sido el revulsivo para sacar a miles y miles de personas a la calle en protesta por el punto al que se ha llegado con el gravísimo problema del acceso a la vivienda en nuestro país.
Es este un problema que ciertamente lleva ya años afectando a una gran mayoría del país y en cuya solución llevamos mucho tiempo de retraso. El desahucio en particular de Maricarmen ha resaltado y llamado la atención, haciéndose tremendamente mediático por una serie de detalles específicos, como tratarse de un alquiler de renta antigua, por ser una mujer de 87 años, por tener una discapacidad reconocida del 50% y por ser los propietarios unos buitres especuladores, pero el problema de la vivienda en general afecta a un porcentaje de nuestra sociedad mucho más amplio que el que pueda representar el caso de Maricarmen.
En la última década especialmente, los precios de compra y alquiler de bienes inmuebles se han disparado y el negocio inmobiliario está ya en una dinámica especulativa realmente peligrosa. Por otro lado y durante esos mismos años, los salarios que se perciben por parte del grueso de nuestra sociedad y a pesar de los incrementos que se hayan podido negociar durante este tiempo, siguen estando muy por debajo de las cifras que a día de hoy son necesarias para adquirir o alquilar una vivienda. El desequilibrio entre ambas cosas es realmente brutal.
Por tanto y teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, parece clara y evidente la emergencia habitacional que se cierne sobre gran parte de nuestra sociedad a día de hoy. Siendo así y visto el fracaso de la dinámica emprendida por las diversas fuerzas que componen los diversos poderes públicos para hacer frente a esta crisis galopante, está claro que debe imponerse una fórmula totalmente distinta a las que se hayan planteado hasta la fecha. Conservadores y progresistas deben entender que ha llegado la hora de aplicar a rajatabla y con la debida decisión lo que nuestra Constitución establece como obligación para los poderes públicos y en defensa del derecho a una vivienda digna, que es la obligación que los primeros tienen de evitar cualquier tipo de especulación. Y hasta la fecha, ninguno de los poderes del Estado ha aplicado como debería esta premisa, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial está haciendo lo necesario para combatir la grave situación.
Debería quedar claro a estas alturas de la crisis que mercadear con un derecho constitucional no debería estar permitido y que, por tanto, el negocio inmobiliario debería estar regulado de forma muy distinta a como lo está y, por supuesto, debidamente acotado como tal negocio, con el margen de beneficios a obtener bien definidos a fin de evitar de forma clara cualquier tipo de especulación posible. Pero centrándonos en la guerra abierta que conservadores y progresistas siguen manteniendo hasta la fecha, resulta muy difícil, por no decir imposible, articular un frente común para atacar el problema de forma clara y contundente. Hay argumentos de peso para recriminar la forma de actuar que ambas partes se empeñan en abanderar y defender, aplicando la fórmula del rechazo de cualquier idea, propuesta o sugerencia que provenga del rival de turno.
El reciente fallecimiento de Maricarmen fuera del domicilio en el que vivió durante setenta años está sirviendo para poner en evidencia el monumental ridículo en el que las diversas fuerzas y tendencias políticas se están moviendo; del mismo modo que saca a la palestra la falta de decencia política y social que demuestran diversos seudoperiodistas y algunos periodistas, vinculados mayoritariamente a la derecha y la extrema derecha, que se comportan como auténticas ratas de las redes sociales, demostrando con ello que no son más que escoria de la sociedad.
Estamos a pocas semanas del inicio de una campaña electoral en la que no cabe duda de que la vivienda será el gran tema de debate y ocupará una gran parte de los argumentarios de las diversas fuerzas políticas que participen en dicha campaña. Por ello no resulta el mejor momento para demostrar un mínimo destello de cordura y madurez política, aparcando los idearios políticos y estableciendo una dinámica de trabajo conjunta para hacer frente a la crisis habitacional, pero es lo que realmente se necesita. En esta cuestión es imprescindible abandonar el campo de batalla en el que se mueven conservadores y progresistas y sentarse a una mesa de negociación y consensuar las medidas necesarias. La izquierda llega tarde con algunas propuestas buenas, pero sigue aparcando otras también necesarias; la derecha, por su parte, gobierna en la mayoría de CCAA y sigue sin reconocer que sus propuestas aplicadas en ellas solo han servido para que la situación siga empeorando.
Unos por otros y la casa sin barrer, entre tanto los especuladores se siguen llenando los bolsillos y la sociedad sigue sufriendo.