La convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre, apenas 18 días antes de las elecciones generales, constituye uno de los ejercicios de cinismo político más descarados de los últimos años. UGT y CCOO, acompañados por el Sindicat de Llogateres, pretenden hacernos creer que, después de más de ocho años de complacencia con el Gobierno de Pedro Sánchez, han descubierto repentinamente que España padece una gravísima crisis de acceso a la vivienda que exige tomar medidas drásticas. Qué casualidad que semejante revelación se produzca precisamente cuando el PSOE, podrido de corrupción, se juega su continuidad en el poder.
Durante dos legislaturas, las organizaciones dirigidas por Pepe Álvarez y Unai Sordo han mantenido una relación de extraordinaria sintonía con el Ejecutivo socialista. Han aplaudido sus políticas, justificado sus decisiones y evitado cualquier confrontación seria con un Gobierno bajo cuyo mandato el acceso a una vivienda se ha convertido en una misión imposible para millones de españoles.
Especialmente para los jóvenes, cuyos salarios difícilmente permiten afrontar el alquiler de un piso.
¿Dónde estaban entonces los sindicatos? ¿Por qué no convocaron una huelga general cuando los alquileres comenzaron a dispararse? ¿Por qué no exigieron responsabilidades a quienes llevan ocho años gobernando? ¿Por qué han esperado a que el Parlamento esté disuelto y las elecciones convocadas?
La respuesta es evidente. No estamos ante una movilización sindical, sino ante una operación de movilización electoral de la izquierda. Una maniobra burda que pretende transformar el legítimo malestar ciudadano por la vivienda en combustible para la campaña socialista.
Porque el problema existe. Y es dramático. Pero precisamente por eso resulta particularmente indecente instrumentalizarlo electoralmente. Quienes hoy se presentan como defensores de los inquilinos han sido, por acción u omisión, cómplices políticos de un Gobierno incapaz de resolver esta crisis. Su repentina indignación no borra años de servilismo.
Diego Ruiz, portavoz de UGT en las Pitiusas, reconoce que «no es habitual que se celebren huelgas una vez que ya están convocadas las elecciones, pero creemos que este es el momento». No es verdad. Sencillamente se lo han ordenado y ellos, con una indignidad que colisiona con cualquier principio sindical que alguna vez pudieran haber defendido —no ellos, sus antecesores en el sindicato, quiero decir—, hacen lo que se les manda.
Consuelo López, líder insular de CCOO, admite que «las huelgas no se convocan como políticas, pero evidentemente todas tienen un componente político». Hay que agradecer su franqueza, a la vez que lamentar su caradura y su pasividad durante ocho años.
¿Y estos son representantes de los trabajadores? Yo fui un día, hace ya años, líder de, sindicato mayoritario de guardias civiles y les aseguro que esta forma de sindicalismo es, sencillamente, impostura. UGT y CCOO representan un modelo de sindicalismo acomodaticio, dependiente de las subvenciones públicas y complaciente con el poder político. Un sindicalismo perruno, siempre dispuesto a mover la cola ante su amo, pero incapaz de enseñarle los dientes cuando gobiernan los suyos. Han sustituido la independencia por la complicidad y la reivindicación por la obediencia.
Lo más revelador es que convocan el paro cuando el Ejecutivo está en funciones y carece del margen político necesario para acometer reformas de semejante envergadura. ¿Qué pretenden conseguir exactamente? ¿Con quién piensan negociar? ¿Qué compromisos concretos pueden arrancar a un Gobierno que está de salida?
La huelga general es un instrumento demasiado importante para degradarlo a simple herramienta electoral. Su legitimidad depende de la independencia de quienes la promueven y de la credibilidad de sus reivindicaciones.
UGT y CCOO conservan representación institucional, pero han dilapidado buena parte de su autoridad moral. Sus dirigentes parecen más preocupados por preservar sus privilegios que por defender verdaderamente a los trabajadores. No representan a una clase trabajadora plural, sino a una estructura sindical que ha confundido sus intereses con los del partido gobernante. Y cuando un sindicato deja de ser independiente para convertirse en correa de transmisión del poder, deja de merecer ese nombre.