Nuestro sistema democrático da a la oposición el derecho a solicitar información de interés público y obliga a quien gobierna a contestar. Lamentablemente, es muy común que las instituciones sorteen esa obligación con respuestas ambiguas e incompletas, sea por escrito o verbalmente. Al que solicita información no le queda más que la pataleta porque no hay mecanismos realmente eficaces para asegurar el control. La transparencia hay que tomársela en serio, porque el rival político, guste o no, también representa a miles de personas que le votaron.
Las condiciones para los opositores sin catalán deben estar muy claras
La exención de catalán para docentes abrió un debate jurídico entre Més y el PP en el Parlament. La cuestión radica en cómo se puede articular legalmente el mecanismo por el que los profesores sin catalán quedarán sin plaza definitiva, como anunció Educación. En el caso de esta misma excepción en sanidad, esa limitación laboral quedó recogida en la Ley de Función Pública, pero en la ley educativa no quedará reflejado en virtud del texto de Vox. Los opositores suelen ser muy celosos de sus derechos y si no se ata bien, el pleito está asegurado.