El PP de Formentera ha pedido al gobierno del Consell de Formentera que adopte medidas «drásticas y contundentes» si se abre juicio oral por el caso Punta Prima contra el presidente, tres consellers y un exconseller.
Después de que el juez haya ordenado el paso a procedimiento abreviado de este caso, con el que da por finalizada la instrucción, el presidente del PP de Formentera y conseller electo, José Manuel Alcaraz, ha solicitado hoy al equipo de gobierno del Consell que, de confirmarse la apertura de juicio oral, adopte medidas «drásticas y contundentes» que deben traducirse en dimisiones conjuntas.
Según ha afirmado Alzaraz en un comunicado de prensa, «si indignante es ya que estuvieran imputados y se presentaran a las elecciones, más lo es que pretendan seguir en sus cargos, con medio Consell imputado y una diputada en el Parlament».
El PP ha recordado que el caso surge tras la querella presentada en 2012 por el empresario alemán Leo Stöber, responsable de la empresa promotora del complejo turístico Sunway S.L. en la zona de Punta Prima, después de que el equipo de gobierno de Formentera decidiera cambiar la calificación de parte de sus terrenos, en los que tenía pendiente construir la segunda fase de un proyecto.
Según recuerda, una sentencia del Tribunal Supremo reconoce sus terrenos como urbanos y, por lo tanto, susceptibles de ser aprovechados para la construcción de nuevas plazas hoteleras.
«De repente, y amparándose en la revisión de las normas subsidiarias, el equipo de gobierno decide cambiar el crecimiento urbano a otras zonas, que no tenían una sentencia del Supremo como la de este señor, zonas rústicas, por puro interés político, no tiene otra explicación», ha explicado Alcaraz.
«Que no vendan que han salvado de crecimiento urbanístico la isla, porque dicho crecimiento se ha trasladado a otras zonas», ha continuado el portavoz popular.
Alcaraz ha lamentado la posible indemnización que podría tener que asumir el Consell formenterense, «de 14 millones de euros, según el perito judicial, más intereses, que tendrían que afrontar todos los ciudadanos de la Isla y que hipotecarían el futuro de la institución y, en consecuencia, de los servicios públicos esenciales de los ciudadanos».