El Consell de Formentera dispone de 40 plazas para alojar al personal necesario para varios servicios durante el verano. Hasta ahora se disponía de las dependencias anexas a Benestar Social y la policía local, que alojaban a gran parte del cuerpo de socorristas. Se ha habilitado, además, una nueva vivienda al lado de la estación de bomberos en la que se alojan de momento cinco trabajadores a la espera de la llegada de más efectivos. «Ahora mismo tenemos capacidad para unas cuarenta personas que podemos alojar en dependencias propias. Esto nos permite poder tener un servicio tan numeroso de socorristas, pero también hacer frente a la eventual llegada de posibles efectivos de policía o inspectores que trabajan aquí en verano y que sin este servicio de alojamiento que podemos ofrecer desde el Consell sería imposible que vinieran», explicó el conseller de Presidència, Bartomeu Escandell.
Más allá de soluciones provisionales para acoger a los refuerzos de temporada, desde la máxima institución insular se plantean algunas fórmulas para hacer frente al acuciante problema de vivienda que padece la isla, de manera que Formentera vuelva a disponer de oferta residencial para uso habitual y a unos alquileres acordes con la media adquisitiva. La consellera de Territori, Alejandra Ferrer, explicó que esto no pasaría, en cualquier caso, por construir más: «Lo que pensamos es que no se han de construir nuevos bloques sino que se han de devolver parte de las edificaciones ya existentes a uso de vivienda habitual», apuntó Ferrer.
Para conseguir este objetivo se está trabajando en la regularización de estancias turísticas. «A día de hoy tenemos ya más de 3.000 plazas regularizadas. Mientras que también ha habido casos de personas que han visto que hacer esta tramitación les resultaba demasiado trabajo y dedican su propiedad a vivienda habitual».
También se ha llevado a cabo trabajo de información e inspección que ha ayudado a detectar alquileres sin licencia, una actividad que puede comportar sanciones que van desde los 4.000 a los 6.000 euros para una primera infracción hasta los 400.000 que conllevaría alquilar una vivienda por habitaciones y ofertando toda una serie de servicios al estilo de un hotel pero sin licencia.
LA NOTA
Coordinación legislativa
La próxima tramitación en el Parlament de la ley de Vivienda, unida a la modificación de la ley turística, deberían ayudar en el empeño. «Esperamos que las dos leyes se coordinen para que Consells y ayuntamientos
dispongamos de las herramientas suficientes para poder actuar y ser efectivos en la devolución de parte de las viviendas construidas para que sean residencia habitual», explicó la consellera. Alejandra Ferrer espera finalmente que con la regulación de la vivienda turística y el trasvase de parte de esta a residencial, se ponga freno ymesura a la escalada del precio del alquiler en la isla.