El Consell de Formentera aprobó ayer de forma definitiva en el pleno de febrero las cuentas generales del año 2017. Este es el último trámite antes de que sean trasladadas a la Sindicatura de Cuentas.
Cabe recordar que el organismo fiscalizador informó el pasado 15 de febrero que finalizaba el plazo legal estipulado para rendir las cuentas. Sin embargo, el trámite debía haberse formalizado ya el 15 de octubre de 2018. Probablemente, según apuntó el conseller de Hisenda, Bartomeu Escandell, la semana que viene serán remitidas a la Sindicatura.
Polémica
Precisamente, este retraso fue el principal objeto de polémica entre los tres partidos de la oposición. Especialmente críticos, desde el Partido Popular reprocharon al equipo de gobierno las consecuencias que las sanciones verbales de la Sindicatura podrían suponer.
Según el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, «los órganos fiscalizadores y el ministerio de Economía podrían retener las transferencias de impuestos estatales al Consell de Formentera por estos retrasos».
«El Consell de Formentera es el que más incumple en las recomendaciones de la Sindicatura y esto es algo que no podemos permitirnos porque acaba repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos con más impuestos», criticó Alcaraz.
En este sentido, el titular de Hisenda entonó su ‘mea culpa' ante los retrasos, pero aseguró que el Consell «trabaja en mejorar y para intentar entrar en plazo». Según Escandell, cada año se reducen los tiempos y, aunque este año todavía se ha sobrepasado el límite, en 2019 se intentará no volver a caer en el mismo error.
Bartomeu Escandell también aseguró que los presupuestos de este año contemplan un incremento necesario en personal del departamento de Intervención, con el fin de mitigar la saturación de las gestiones. No obstante, insistió en que «los trámites administrativos no dejan de ser trámites administrativos y lo que nos ocupa [a los políticos] es el enfoque del presupuesto y de las cuentas generales». Así, destacó la deuda cero del Consell y el superávit de 3 millones de euros que «permiten seguir gozando de políticas sociales y de mejora para Formentera». Al respecto, Alcaraz quiso restar importancia argumentando que «superávit tienen todas las administraciones locales de las Illes Balears», porque así lo obliga la normativa.
Salvamento Marítimo y pozos
El pleno de febrero también aprobó por unanimidad solicitar una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y una embarcación de Salvamento Marítimo con base en Formentera, tal y como vienen reclamando desde la sociedad civil y se han hecho eco partidos políticos en las últimas semanas.
El conseller Bartomeu Escandell declaró al respecto que «produciría un efecto disuasorio muy importante» por la gran afluencia de tráfico marítimo que se produce los meses de verano y por su ubicación «estratégicamente buena».
Además, se acordó por unanimidad requerir a la dirección general de Recursos Hídrics que tome medidas para dotar de mayor seguridad aquellos pozos y perforaciones que puedan suponer un peligro para el ser humano.
El pleno del Consell aprobó también, entre otros asuntos, el Plan Estratégico de subvenciones de 2019, las bases reguladoras de la acción concertada con la Cooperativa del Camp de Formentera o una proposición de Compromís relativa a agilizar la tramitación de los expedientes de energías renovables.