El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y los otros tres consellers que se sentarán en el banquillo por el ‘caso Punta Prima', Sonia Cardona, Bartomeu Escandell y Pep Mayans, han solicitado la «nulidad de las actuaciones» para que se incluya a la institución insular como responsable civil directo, «tal como lo solicita la acusación particular».
El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, en su auto de 11 de marzo de 2019, les acusa de los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia, falsedad, infidelidad en la custodia de documentos y coacciones. Además, les impuso una fianza de responsabilidad civil de 500.000 euros. Sin embargo, los acusados quieren que también se incluya en la causa al Consell de Formentera como responsable civil directo por si, finalmente, se tiene que indemnizar al denunciante, el empresario alemán Leo Stöber.
Según el incidente de nulidad presentado por Ferrer y los otros tres investigados, «la nulidad se funda en que se ha omitido de forma incomprensible en la referida resolución la responsabilidad civil interesada por el querellante contra el Consell/Ayuntamiento de Formentera, tal como solicita en su escrito de acusación». Los acusados sostienen que «a fin de no perturbar el normal desarrollo del proceso, una vez iniciado el juicio en trámites de cuestiones previas, es procedente revocar la referida resolución en el sentido de incluir al Consell como responsable civil directo, dándole traslado de las actuaciones a fin de que pueda ser parte y ejercer el derecho de defensa».
En este sentido, los acusados creen que «el Instructor no ha tomado de forma razonada en consideración los elementos de hecho concurrentes, al ignorar en este caso los pedimentos del escrito de acusación, sin rechazarlos de forma expresa y fundada».
La denuncia
El empresario alemán Leo Stöber, responsable de la empresa promotora del complejo turístico Sunway S.L. en la zona de Punta Prima, denunció en febrero de 2012 a los consellers de Gent per Formentera que formaban parte, entonces, del equipo de gobierno de la institución insular junto con el PSOE después de que con la aprobación de las Normas Subsidiarias en 2010 los terrenos de Stöber en Punta Prima, donde tenía la intención de llevar a cabo una ampliación de su ciudad de vacaciones, quedaran como inedificables.
En la primera querella, de cuya investigación también se ocupó el Juzgado de Instrucción número 4, también estaba incluida la diputada Sílvia Tur, lo que obligó a trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). En abril de 2017 el TSJIB archivó el caso, pero tras un recurso de Sunway S.L. lo reabrió en julio del mismo (ya con Sílvia Tur fuera de la causa) y devolvió las investigaciones al Juzgado de Instrucción número 4.