El Consell de Formentera se ha visto obligado a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que anula la convocatoria de 9 plazas de Policía Local en 2014, tras la impugnación por aquél entonces de la Delegación del Gobierno en Balears, al considerar que no existía «ni urgencia ni interés público» en la celebración del proceso.
La decisión del TSJ ha provocado que los tres policías locales que lograron su cargo como funcionario de carrera pasen a tener la consideración de policías locales interinos, «como solución extrema ante la falta manifiesta de personal», según detalla el acta de la Comisión de Gobierno del Consell celebrada el pasado 10 de octubre.
Quien fuese conseller de Seguretat en el momento de la convocatoria y actual Conseller de Economia, Hisenda y Serveis Generals, Bartomeu Escandell, explicó ayer a Periódico de Ibiza y Formentera que, frente a esta tesitura, «el Consell Insular llevará a cabo un procedimiento selectivo extraordinario con el fin de consolidar estas tres plazas».
Tal y como expone cronológicamente la última acta de la Comisión de Gobierno del Consell, la Delegación del Gobierno del Estado en Baleares interpuso un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Consell de Formentera celebrada en agosto de 2014, en la que se aprobó la convocatoria de oposiciones para proveer 9 plazas de funcionario al cuerpo de la Policía Local de Formentera.
Tras resolverse inicialmente este a favor del organismo insular, la Delegación del Gobierno interpuso otro recurso de apelación que revocó la sentencia de instancia. Posteriormente, el Consell Insular interpuso otro recurso ante la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que fue inadmitido a trámite.
Finalmente, tras varios tira y afloja por parte de ambas administraciones, la Sala del Contencioso Administrativo del TSJ de Baleares declaró firme la sentencia contra el Consell Insular de Formentera el pasado 5 de septiembre de 2019.
Ya en su momento, el Consell lamentó la actitud de la Delegación del Gobierno a la hora de solicitar la suspensión del proceso de selección. El por entonces president del Consell, Jaume Ferrer, se mostró sorprendido porque «una administración pública esté en contra de una medida que incrementa el número de efectivos de seguridad» y lo calificó de «hecho insólito».