La polémica que generó la inclusión en el proyecto de presupuestos de una disposición final que reservaba al Govern balear la posibilidad de hacerse con la titularidad de las herencias intestadas, que desde 2017 se reparten al 50% Ayuntamientos y Consells, obligó rápidamente al Ejecutivo de Armengol a dar marcha atrás.
Este mismo lunes, tras el revuelo, la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Pilar Costa, explicó que «para que no haya malos entendidos hemos pedido a los grupos parlamentarios que dan apoyo al Govern la aprobación de una enmienda para derogar el artículo 41 de la Ley de Patrimonio».
En este sentido, el Consell de Formentera también ha aportado su granito de arena formulando una propuesta de alegaciones que fue remitida ayer al Parlament, siguiendo una línea muy similar a la reclamada por Costa y en la que se más que el contenido, se plantea modificar la forma.
Acordada en la pasada Comisión de Gobierno celebrada el pasado martes 26, la administración de la menor de las Pitiusas se limita en la propuesta de alegaciones a plantear «la derogación en conjunto del artículo 41 de la Ley de Patrimonio y sustituirlo por otra norma».
En este sentido, el organismo insular detalla y pone de ejemplo el sistema que sigue la Generalitat de Catalunya con la Vall d'Aran, del que dice que es «completamente similar» y «plenamente aplicable en Balears, por el fondo y por la forma, a los cuatro Consells Insulares».
La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, ya adelantó el pasado lunes que el Govern les había informado «de la intención de derogar íntegramente el artículo 41 bis de la Ley de Patrimonio», después de advertir el propio organismo insular que el Ejecutivo autonómico podría querer «recentralizar en favor del Govern las herencias intestadas».