Una delegación del Consell Insular de Formentera acudió en la jornada de ayer a la toma de posesión de Marga Prohens como presidenta del Govern de las Islas Baleares. La comitiva, encabezada por el presidente insular y diputado autonómico, Lorenzo Córdoba, contaba a su vez con la vicepresidenta segunda, Verónica Castelló, y el vicepresidente tercero, José Manuel Alcaraz.
Hay que recordar que Sa Unió de Formentera se ha convertido en la pieza clave de la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma tras el pacto firmado entre el Partido Popular y Vox, por el que este último garantizaba su abstención durante toda la legislatura. Esto convirtió a Sa Unió en el grupo político clave para dar la mayoría a uno y otro lado, lo que se tradujo en la firma de un acuerdo para que el único diputado de Formentera, Lorenzo Córdoba, votase a favor de la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern balear.
Ambas formaciones se comprometieron a constituir una mesa de trabajo paritaria entre el Govern y el Consell Insular de Formentera con la finalidad de realizar un estudio técnico-económico de manera prioritaria que valore el sobrecoste que tienen que soportar los formenterenses por la doble insularidad en todo tipo de transporte de mercancías.
También se acordó establecer un plan cuatrienal de inversiones sobre la base del impuesto de turismo sostenible para la recuperación y restauración del patrimonio histórico-cultural y etnológico de la isla como valor añadido a la oferta turística de Formentera.
Otro de los acuerdos alcanzado entre PP y Sa Unió fue establecer la obligatoriedad de solicitar informe preceptivo no vinculante al Consell Insular de Formentera, independientemente de los informes que ya son preceptivos, de todas aquellas iniciativas legislativas o reglamentarias que puedan tener un efecto directo sobre Formentera.
Este acuerdo se plasmó además en un total de 20 puntos entre los que destacaban el compromiso de ambas formaciones a dar solución a los sobrecostes que implica la doble e incluso triple insularidad de Formentera. Para ello se pondrá en marcha un estudio que proponga medidas objetivas para hacer efectivo el principio de igualdad y solidaridad entre todos los ciudadanos de las Islas Baleares.
Había a su vez un compromiso entre Consell y Govern de dar una solución a los problemas de tratamiento de aguas residuales para que las aguas depuradas puedan ser enviadas en condiciones a la balsa de riego.
En materia turística, el acuerdo incluye la creación entre ambas administraciones de un plan de márketing turístico que tenga en cuenta las particularidades del sector turístico de Formentera, promocionando nuevos mercados e involucrando a las empresas del sector, así como la elaboración de un plan de inversiones en las principales zonas turísticas de la isla, especialmente en es Pujols, Sa Roqueta, Ca Marí y es Cupiná.
PP y Sa Unió se comprometieron a su vez a estudiar fórmulas para ampliar el suelo industrial de la isla para dar cabida a las necesidades de las empresas locales; a exigir en la medida de lo posible que los servicios públicos de la Administración General del Estado ubiquen delegaciones en Formentera y a ejecutar y reclamar todas las acciones necesarias para garantizar un deslinde justo para Formentera que garantice un equilibrio entre la protección del dominio público marítimo-terrestre y las actividades humanas en la costa y el litoral.
La promoción de vivienda pública, la forma de un nuevo convenio de carreteras, la reclamación a la Autoridad Portuaria de una reordenación del puerto de la Savina, la mejora de la desaladora, el desarrollo de las infraestructuras previstas en el plan de residuos y la reclamación al Estado de la financiación del transporte marítimo de residuos entre Formentera e Ibiza son otros de los puntos incluidos en el acuerdo para la investidura de Prohens.