El plazo del ultimátum al presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, para que dimita se acaba este lunes sin que el diputado autonómico se haya pronunciado oficialmente al respecto este fin de semana. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado jueves y, en ella, reiteró que no dimitirá de su cargo sin «una razón justificada». Decisión que parece mantener hasta ahora teniendo en cuenta que no se ha manifestado desde entonces.
Mientras tanto, durante estos dos días, la coalición de Sa Unió (PP y Compromís) se está preparando para cualquier escenario político posible, aunque, según el conseller de Educación, Óscar Portas, la agrupación tiene la «esperanza» de que Llorenç Córdoba asuma su «responsabilidad política» y presente este lunes su dimisión. «Su renuncia es el escenario que esperamos mañana –refiriéndose a hoy– porque es la única decisión sensata teniendo en cuenta la situación», señaló Óscar Portas, portavoz de Sa Unió, a Periódico de Ibiza y Formentera.
No obstante, también han valorado la posibilidad de la negativa de Llorenç Córdoba a renunciar de sus cargos como presidente del Consell de Formentera, como conseller de la Conselleria de Sector Primario y Litoral y, además, como diputado autonómico por la isla. En este sentido, si esto ocurriera, Sa Unió iniciará este lunes una ronda de contactos con la oposición (Gent per Formentera y PSOE) para hablar sobre esta crisis política y contemplar posibles soluciones que permitan desbloquear la situación.
Cuando este medio le preguntó al conseller de Educación si aprovecharán estas reuniones para presentar a la oposición todas las pruebas de las acusaciones contra Córdoba –por presuntamente presionar al PP de Palma para lograr un sobresueldo–, Óscar Portas explicó ayer que quieren ser «cautos».
A la espera
«Seguiremos las instrucciones del abogado penalista que está estudiando las pruebas aportadas», apuntó e indicó que todo dependerá de la «recomendación» de este especialista en derecho penal. «Si nos lo aconseja, mostraremos todas las pruebas», puntualizó. En esta misma línea, aunque algo más hermético, agregó que no sólo se están estudiando las declaraciones realizadas por Llorenç Córdoba durante las reuniones mantenidas con los consellers de Sa Unió y con el PP de Palma, sino también otras pruebas más «tangibles».
Sin embargo, Órcar Portas optó por ser «cauteloso» y únicamente añadió que se trata de un documento físico. «Tenemos algo más que las palabras como prueba», añadió el portavoz de la coalición. De todas formas, subrayó que las declaraciones aportadas por parte de la agrupación podrían ser prueba suficiente para certificar estas supuestas «presiones», ya que es «la palabra de ocho consellers contra la del presidente» y, según el conseller de Educación, el propio Llorenç Córdoba reconoció sus «problemas económicos» y «admitió que solicitó un sobresueldo» para sufragar los gastos ocasionados por su labor como diputado autonómico. Al respecto, el presidente del Consell aclaró en su última intervención pública que, en el caso de que hubiese pedido un sobresueldo por gastos de representación, no sería ilegal porque «Feijóo y otros cargos del PP reciben una asignación por representación».
También se defendió de las acusaciones explicando que su reclamación particular se centró, como diputado independiente, en la asignación de los 2.700 euros mensuales que concede el Parlament balear al Grupo Mixto. «Fueron los partidos que conforman Sa Unió los que solicitaron desde el principio estos fondos porque necesitaban pagar facturas de campaña y el local. Fueron ellos los que dijeron que estaban arruinados», resaltó Córdoba.
Respecto a estas justificaciones del diputado autonómico, Óscar Portas manifestó que es cierto que el presidente del Consell solicitó estos gastos de representación, pero «pidió algo más». Otra exigencia que, por el momento, Sa Unió no quiere adelantar sin la recomendación del abogado penalista. Asimismo, también subrayó ayer que incluso Córdoba reclamó al PP de Palma, «de forma ilegal», fondos reservados que no existen. «Nosotros sólo queremos que toda esta crisis política termine», destacó, haciendo hincapié en que este bloqueo institucional tiene que finalizar como tarde esta semana para lograr trabajar más «tranquilamente» dentro del Consell. También indicó que si al final, tras el visto bueno del especialista en derecho penal, pueden presentar la querella, Córdoba se «quedará arrinconado».
16 firmas
«Si esto ocurriera, Gent per Formentera y PSOE ya podrían valorar su cese. Seríamos los 16 consellers contra él. Lo siguiente ya sería presentar la moción de censura», puntualizó. Actualmente a Gent per Formentera le faltaría un conseller tras la dimisión el pasado noviembre de Silvia Tur. Este sustituto ha recogido las credenciales y en el próximo pleno del Consell de Formentera tomará posesión. Por su parte, desde la oposición se mostraron ayer, nuevamente, prudentes ante esta crisis política. Según el presidente del PSOE en Formentera, Rafael Ramírez, los socialistas «estamos a la espera de que nos convoquen». «Después iremos tomando decisiones porque hay que valorar las pruebas para ver el alcance de los hechos», añadió. Al respecto, la portavoz de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, manifestó que «no hay ninguna novedad de momento».
«Las pruebas se han de presentar públicamente porque se está hablando de destituir a un presidente y es un tema muy grave», indicó, resaltando que la responsabilidad de esta situación la tienen que asumir los cabezas de lista de PP y Compromís por haber dejado que la situación llegue hasta este punto. Al preguntarle si la decisión de Gent per Formentera, a la hora de apoyar esta moción de censura, está condicionada por la aportación de las pruebas, Ferrer agregó que las opciones son «diversas» y «muy complicadas». «Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos», puntualizó.