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Crisis en Formentera

Sa Unió tiene grabaciones que demostrarían que Llorenç Córdoba exigió un sobresueldo

La coalición estudia cómo actuar ante la negativa a dimitir del aún presidente

Llorenç Córdoba este lunes frente al Consell de Formentera. | Moisés Copa

| Formentera |

La coalición que gobierna el Consell de Formentera, Sa Unió, integrada por el PP y Compromís, se plantea dar a conocer este mismo lunes las pruebas con las que sustentará la acusación de que el aún presidente del Consell de la menor de las Pitiusas, Llorenç Córdoba, exigió el pago de sobresueldos en varios encuentros en los que «no defendía los intereses» de la isla.

Según han explicado a Periódico de Ibiza y Formentera fuentes cercanas a Sa Unió, la coalición que gobierna actualmente el Consell formenterés tiene, al menos, dos grabaciones de conversaciones en las que Córdoba exigiría este dinero al margen de los pagos que ya recibe formalmente como presidente insular y diputado y que rondan los 80.000 euros al año, además de otra importante dieta de la Autoritat Portuària y todos los gastos pagados por parte del Parlament.

Las mismas fuentes han evitado precisar quiénes eran los interlocutores de Córdoba y en dónde se realizaron estas grabaciones pero sí han dejado claro que en las mismas se puede escuchar al formenterés pidiendo el pago de sobresueldos.

El portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, ha sido quien este lunes ha avanzado la posibilidad de poner sobre la mesa las «pruebas» que justificarían que Sa Unió haya exigido la dimisión de Córdoba. Portas ha señalado que estas pruebas están en manos de una abogada y que la coalición quiere ir «paso por paso». La oposición en el Consell, formada por el PSOE y GxF, ha exigido la presentación de estos documentos antes de apoyar algo tan serio como sería la «destitución de un presidente», ha indicado Alejandra Ferrer tras la reunión celebrada este lunes en el Consell y en la que Córdoba se ha negado a dimitir de todos sus cargos.

En este encuentro, convocado por el presidente, este ha exigido que dimitan los consellers José Alcaraz y Verónica Castelló, ambos del PP, a los que acusa de «asalto al poder». El aún presidente habría amenazado a ambos con cesarlos si no dan ellos el paso de dejar los cargos.

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