El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, no ha aclarado este jueves si el Ejecutivo presidido por Marga Prohens sigue considerando al diputado autonómico de Sa Unió y presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba un socio estable para la legislatura. A preguntas de los medios tras acabar el Consell de Govern, Costa se ha limitado a señalar que los «interlocutores» que le interesan en estos momentos «son los ciudadanos de Formentera».
El vicepresidente, sin embargo, se ha reafirmado en las palabras que pronunció el pasado 7 de diciembre, cuando aseguró que Córdoba había pretendido «condicionar la estabilidad del Govern» y que había actuado «no en función de los intereses de Formentera y sus ciudadanos sino en función de sus intereses personales». «Si lo dije», afirmó ayer Antoni Costa, «evidentemente lo dije porque era cierto. Evidentemente, yo no mentí».
Las palabras de Antoni Costa, aunque queriendo entrar en el fondo de la cuestión, podrían calentar aún más el ambiente en Formentera, donde este viernes se llevarán al Pleno del Consell Insular los Presupuestos. Unas cuentas públicas elaboradas por el Gobierno de Sa Unió pero que podrían no contar con el apoyo del presidente insular. Aunque Córdoba ha asegurado en los últimos días que votará a favor de las mismas, lo cierto es que sus todavía compañeros de equipo no tienen claro lo que puede hacer al respecto.
Por otro lado, Córdoba mantiene su pretensión de que los consellers del PP José Manuel Alcaraz y Verónica Castelló, dimitan de sus cargos en la institución insular porque considera que han sido ellos los culpables de la crisis que, realmente, abrió él mismo a finales del pasado mes de noviembre tanto con el Govern como con su propio equipo en Formentera. A esta pretensión, que volvió a manifestar el lunes al resto de los consellers de Sa Unió, la respuesta de la coalición ha sido que ha de ser él quien dimita de sus cargos y abandone las actas que le permiten ser conseller en Formentera y diputado en el Parlament.
Sa Unió tiene previsto expulsar formalmente a Llorenç Córdoba antes del próximo día 31. Esta expulsión abrirá un nuevo capítulo en la crisis pues, si Córdoba no dimite, será muy difícil mantener la estabilidad en el Consell con un equipo de Gobierno en el que ningún conseller respalda al presidente. Además, Córdoba pasaría a ser conseller no adscrito y esto podría provocar que no pudiera participar en algunas comisiones insulares, a pesar de ser el presidente. Si, tal y como le exige la coalición, dimite pero no abandona la institución, mantendrá en su mano la estabilidad del Gobierno insular, pues habría el mismo número de consellers gobernando que en la oposición, con lo que sería él quien acabaría decidiendo en cualquier votación en la que el resultado inicial fuera el empate. Y a esto se suma que, en esta situación, no sería imposible que apoyara una posible moción de censura del PSOE y GxF contra Sa Unió.