El portavoz de Sa Unió y conseller insular, Óscar Portas, ha insistido este miércoles en que la coalición tiene unas grabaciones que probarían que el presidente Llorenç Córdoba habría exigido al Govern balear el pago de un sobresueldo mensual de entre «3.000 y 4.000 euros». Así lo afirmó Portas durante el debate del programa Bona Nit Pitiüses de la Televisió d'Eivissa i Formentera (TEF). Un debate en el que también participaron los portavoces de los partidos de la oposición en el Consell formenterés, Alejandra Ferrer (GxF) y Rafa Ramírez.
«Ni ético ni moral»
Portas, que se refirió a Córdoba como «presidente okupa», dejó claro en sus intervenciones que la coalición ha puesto estas grabaciones en manos de dos abogados para saber si con las mismas podría probarse que Córdoba habría cometido un presunto delito. En este sentido, el portavoz de Sa Unió explicó que uno de estos abogados «dijo que sí», mientras que el segundo habría comunicado a la coalición que «dependerá del juez». «No podemos arriesgarnos a presentarlas si no estamos convencidos ni precipitarnos», destacó Portas sobre este asunto y tras ser recriminado tanto por Ferrer como por Ramírez por no haber llevado aún las grabaciones ante Fiscalía.
Portas también aseveró que Sa Unió mantiene la petición de dimisión de Córdoba porque pedir un sobresueldo al Govern no es «ni ético ni moral». Y menos en el caso de «un señor que gana más de 90.000 euros» y que, según señaló el portavoz de la coalición, habría amenazado con «condicionar su voto en el Parlament» a la recepción de este dinero. «No es ni ético ni moral», según insistió, «ni como miembro de la institución ni como miembro de Sa Unió».
Portas, por otro lado, señaló también que el apoyo de Sa Unió al Govern de Marga Prohens «nunca ha sido incondicional» por lo que señaló que cuando Córdoba lanzó su amenaza contra el Ejecutivo autonómico «ya estaba mintiendo». Y calificó de «show mediático» la actitud del todavía presidente insular con la pretensión de «hacer presión a Palma a un mes de aprobar los Presupuestos». «Si hay indicios de que condicionó su voto en el Parlament a estos sobresueldos», según precisó, «ahí sí que hay delito».
Portas negó que el Consell se esté viendo afectado por la crisis o la expulsión de Córdoba de Sa Unió y afirmó que los consellers de la coalición siguen trabajando con normalidad. Algo que cuestionaron tanto Alejandra Ferrer como Rafa Ramírez. La portavoz de GxF exigió a todo el equipo de Gobierno que dé «explicaciones» sobre cómo piensan gobernar el resto de la legislatura, «cómo tomarán las decisiones o cómo sacarán adelante su programa electoral».
«Como una telenovela»
Ferrer afirmó que esta crisis es «como una telenovela en la que no se pasa de capítulo» y responsabilizó de la situación tanto al presidente como a los consellers de Sa Unió. «Ustedes también tienen responsabilidad porque lo pusieron como cabeza de lista y le votaron como presidente», según precisó. Además, denunció la «falta de confianza» que existe en el Gobierno insular al conocer que Portas había grabado también la larga reunión de ocho horas en la que Córdoba intentó en diciembre culpar a José Manuel Alcaraz y Verónica Castelló de lo sucedido. «Las grabaciones dejan claro que no hay confianza y esta falta de confianza imposibilita que haya un gobierno digno», destacó.
Rafa Ramírez, por su parte, denunció que la crisis abierta por Córdoba en el Consell ha tenido como consecuencia la paralización del trabajo. Y ha puesto como ejemplo el hecho de que aún no se hayan retirado las casetas navideñas de Sant Ferran o que, según explicó se estén dando en enero citas de la ITV para mayo cuando en el momento de tomar posesión este trámite se hacía rápido. El socialista criticó, además, que estén empleando medios del Consell para esta crisis y se reifirió al informe que ha tenido que elaborar el secretario de la institución sobre las consecuencias de la expulsión de Córdoba de Sa Unió. Ramírez, finalmente, denunció el «desgaste» que está significando lo sucedido para la figura institucional del presidente insular, que es el que «ha de hacer presión ante el Govern y ante el Gobierno central». «No son responsables», concluyó y se refirió al Gobierno de Sa Unió como «una jaula de grillos».