El conseller insular de Educación de Formentera y portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, ha presentado este martes ante la Fiscalía Anticorrupción una demanda contra el presidente formenterés, Llorenç Córdoba, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Supuestas irregularidades que Córdoba habría cometido durante la tramitación de la controvertida adjudicación de los quioscos de playa. «Si eres testigo o tienes indicios de que alguien está cometiendo un delito», ha explicado Portas tras el registro de la demanda, «es tu obligación trasladarlo a la Justicia». Anticorrupción deberá decidir ahora si admite o no trámite esta demanda.
Portas ha explicado que, antes de presentarla, Sa Unió ha consultado con dos abogados penalistas si la denuncia tendría o no recorrido. Y, al parecer, estos han indicado a la coalición lo sucedido «son hechos muy graves que había que trasladar a la Fiscalía Anticorrupción».
Tras presentar la demanda, Portas se ha puesto en contacto con los representantes de GxF y el PSOE para informarles de la situación y recordarles, según ha explicado, «la responsabilidad que han de tener las tres fuerzas políticas, incluyendo a Sa Unió, en este momento». Desde el inicio de la crisis, la coalición ha buscado el apoyo de la oposición para poder tramitar una moción de censura que permita sacar a Córdoba de la presidencia del Consell formenterés, sin que ello haya sido posible. Ambas formaciones, sin embargo, sí exigieron a Córdoba su dimisión ante el escándalo de las adjudicaciones de los quioscos de playa. Exigencia a la que el presidente no ha atendido.
La demanda de Sa Unió coincide con la publicación de un escrito firmado por la Asociación de Concesionarios de Playa de Formentera en varios medios de la isla y en el que esta entidad amenaza a los consellers que integran la Junta de Gobierno, Óscar Portas, Verónica Castelló y Cristina Costa, como «responsables judiciales de cuantas acciones legales se tomen a partir de ahora en contra de esta nueva adjudicación de los quioscos». En este escrito, se ensalza la figura de Córdoba, que tuvo que salir de la Junta de Gobierno tras ser recusado por varios aspirantes a las adjudicaciones. Así, se asegura que su «ausencia» de la Junta de Gobierno «resalta su prudencia» y se destaca su «astucia estratégica al mantenerse al margen de un proceso potencialmente comprometido».
Córdoba, por otro lado, ha recordado este martes en un medio afín que ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil por las grabaciones en las que quedaba constancia de que había pedido un sobresueldo al PP porque con las remuneraciones que percibe por sus tres cargos (presidente insular, diputado en el Parlament y vocal del consejo de administración de la APB) no tenía suficiente para poder afrontar sus gastos y los de su familia. Lo cierto es que esta denuncia se produjo en marzo y, en aquel momento, Córdoba se limitó a señalar durante un Pleno celebrado en el Consell que había puesto en conocimiento de la Benemérita la existencia de estas grabaciones, algunas de las cuales fueron publicadas por Periódico de Ibiza y Formentera.