Ni el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ni sus excompañeros de Sa Unió han declarado ante la comisión del Código Ético insular para explicar cada uno su versión de la crisis que atraviesa la institución desde finales de noviembre de 2023. En el caso de Córdoba, la comisión ni siquiera ha atendido a su petición, formulada por escrito, de comparencia. La comisión ha emitido ya su informe, que está en poder del secretario del Consell, Ángel Custodio Navarro, y de cuyo contenido nada ha trascendido hasta ahora.
Entre los miembros de la comisión se encuentran el secretario insular, el notario Javier González y la letrada del Consell Lidia Serrano. La entidad está presidida en estos momentos por José Marí Mayans, de GxF.
Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, Córdoba solicitó audiencia a los miembros de la comisión el pasado 20 de septiembre. Lo hizo con el objetivo de «comparecer presencialmente» para poder «someterse a las cuestiones, preguntas y/o dudas que los miembros consideraran adecuados, así como poder aclarar cualquier cuestión que genere incertidumbres».
En el mismo escrito, el presidente del Consell solicitaba poder explicar su versión de los hechos, así como «ejercer los derechos reconocidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». Una ley cuyo artículo 53 ampara «formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que tendrán que ser tenidos en cuenta por esta comisión al redactar la propuesta de resolución, informe y/o dictamen, así como cualquier otro derecho que reconoce la Constitución española».
Tras presentar por registro de entrada este escrito, la única respuesta que recibió Córdoba, ya el 9 de octubre, fue que el informe ya había sido «acabado y librado al secretario del Consell». El documento fue aprobado el 2 de octubre.
Córdoba ha asegurado que la actuación de la Comisión de Ética y Buen Gobierno «es bastante grave» dado que «12 días antes de la emisión del informe» él mismo había pedido por escrito comparecer. «Esta comisión», ha añadido, «ha decidido no atender la solicitud de la presidencia del Consell Insular de Formentera que, en todo momento, ha mostrado su predisposición a colaborar para aclarar los hechos y aportar documentación si así fuera oportuno». El presidente ha dejado claro que respeta «el trabajo de la comisión» y que así se lo trasladó también en su escrito. Pero, a la vez, ha lamentado que sus integrantes hayan «ignorado» su oferta de cooperación y de «transparencia».
«Esta actuación por parte de la Comisión de Ética», ha añadido Córdoba, «denota un absoluto desprecio hacia el presidente del Consell Insular, que quiere expresarse y la comisión no le deja, lo ignora y lo atropella. No era difícil dar esta oportunidad de expresión y audiencia, prevista en nuestro ordenamiento jurídico y propio del sistema democrático». Y ha concluido: «Con esta actuación, la Comisión de Ética ha actuado conforme prácticas más propias de épocas preconstitucionales, donde no se escuchaba y se silenciaba. Se ha decidido hacer caso omiso a la solicitud que planteó el presidente en positivo. Esta comisión ni siquiera se ha dignado a contestar la petición que formuló el día 20 de septiembre de 2024 y se ha apresurado, eso sí, a emitir el informe sin siquiera responder dicha solicitud».
Sa Unió
Fuentes de Sa Unió, por su parte, han admitido que ninguno de los consellers de la coalición ha comparecido ante la Comisión de Ética y Buen Gobierno. En este caso, sin embargo, no les parece preocupante esta falta de comparencia aunque sí que han admitido que si se les «acusara de algo», sería lógico poder explicar ante los miembros de la comisión su versión de lo sucedido.