Desde la Delegación del Gobierno en Baleares aseguraron que no consta ninguna solicitud formal por escrito del Govern balear en relación a la gestión del Consell de Formentera en materia de menores y la saturación del sistema de acogida. Al preguntar por las actuaciones urgentes que desde el Consell insular reclamaron al Estado, fuentes de la Delegación confirmaron que, tras consultar al Gabinete Técnico, no se ha recibido ningún escrito ni petición oficial por parte del Ejecutivo autonómico al respecto. «En este momento no ha llegado ninguna solicitud. Si en el futuro se presentara, se trasladaría al Ministerio» indicaron, recordando que esta competencia corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma.
Hay que señalar que el procedimiento en estos casos, ante una petición insular en materia de menores, debe formularse primero ante el Govern balear, que es la administración competente y la encargada de dirigirse por escrito al Gobierno central. Cabe recordar que la tutela de menores es una competencia autonómica, tanto en Baleares como en el resto de comunidades, aunque el Estado sí puede ofrecer apoyo económico o técnico. En el caso concreto de Formentera, desde la Delegación recordaron en su momento que el Consell tiene transferida esta competencia por parte del Govern balear, pero que cualquier gestión de carácter extraordinario o petición de recursos adicionales debe canalizarse igualmente a través de la administración autonómica. En esta línea, el Consell de Formentera aprobó este jueves una propuesta de actuaciones urgentes para afrontar la emergencia migratoria en la isla, «que ha superado ampliamente su capacidad técnica, económica y humana para atender las llegadas de menores».
Saturación
Sin ir más lejos, Formentera tutela actualmente a más de 120 menores migrantes, una cifra que, según aseguraron, supone más de 30 veces su capacidad ordinaria, siendo la isla la entidad tutelar más saturada del Estado. «Necesitamos apoyo institucional, coordinación y corresponsabilidad para garantizar la dignidad de las personas y la viabilidad de nuestro sistema social», agregó el presidente insular, Óscar Portas. La propuesta aprobada insta a las administraciones a adoptar medidas urgentes para estabilizar la situación. Por ello, se reclama implementar controles y cooperación internacional, asegurar la financiación extraordinaria del Govern para cubrir la tutela y acogida de los menores migrantes, activar el mecanismo de reparto solidario de estos jóvenes no acompañados y crear una mesa de coordinación con el Gobierno, Govern y consells para una gestión conjunta. Además, reitera la necesidad de que la situación sea reconocida como una contingencia migratoria extraordinaria.
Sobre el contexto actual, el Gobierno central explicó que la actuación en materia de menores migrantes se enmarca en el decreto que regula las contingencias migratorias, aprobado a raíz del aumento de llegadas a Canarias. Dicho decreto establece criterios objetivos para la distribución de menores entre comunidades autónomas en función de su capacidad ordinaria de acogida. «Lo que se activó fue un sistema de distribución solidaria entre comunidades para ayudar a las regiones más saturadas, como Canarias, Ceuta o Melilla», precisaron desde la Delegación. A estas comunidades se les considera en «situación de contingencia migratoria» cuando triplican su capacidad ordinaria de acogida, lo que no es el caso de Baleares, según anunció el Ministerio.
De hecho, el Govern balear ya solicitó en septiembre ser declarada comunidad en contingencia migratoria, pero el Ministerio respondió entonces que no cumplía los criterios establecidos porque el cálculo se realiza a nivel autonómico, no por islas, por lo que la saturación en Formentera se evalúa dentro del conjunto del sistema balear. En cualquier caso, apuntaron dichas fuentes, el Estado destinó más de siete millones de euros a Baleares para apoyar la atención y acogida de menores, tanto a través de fondos generales como de partidas adicionales específicas para territorios con una presión migratoria significativa. «Aunque la competencia es autonómica, el Ministerio ha querido acompañar a las comunidades aportando recursos económicos para reforzar sus sistemas», añadieron, explicando en su momento su disposición a colaborar con el Govern, aunque recalcaron que la gestión directa de los menores sigue siendo una competencia autonómica.