Las Directrices de Ordenación del Territorio acabarán, casi con toda seguridad, recurridas ante el Tribunal Constitucional por culpa de dos artículos de dudosa constitucionalidad. El Govern da prácticamente por hecho que el Gobierno central recurrirá uno de los artículos en cuestión.
Se trata de uno referido a la isla Formentera, introducido vía enmienda del PP, en el que se asegura: «En ningún caso se podrá considerar que forman parte de la ribera del mar los terrenos edificados de conformidad con la normativa que les era de aplicación a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas».
De hecho, lo que esta enmienda hace es dejar sin efecto la Ley de Costas en Formentera. Sin embargo, una ley autonómica no tiene rango legal suficiente para dejar sin efecto una ley de aplicación estatal.
En virtud de esta posible ilegalidad, las fuentes consultadas en el propio Govern reconocen que el Gobierno está obligado a presentar el recurso a pesar de las afinidades políticas. Si no lo hace, corre el riesgo de que se produzca un aluvión de disposiciones de otras comunidades autónomas que, siguiendo el ejemplo de Balears, modifiquen la legislación nacional.
El otro artículo cuestionado figura desde el primer momento en el texto inicial. El título referido a los principios generales de la gestión territorial, una de las disposiciones señala: «El Govern deberá emitir informe vinculante, previamente a la aprobación de un plan de la Administración General del Estado o de sus entidades autónomas, siempre que éste tenga incidencia en el territorio de las Illes Balears sobre la conformidad del plan con estas directrices».
La posible inconstitucionalidad de este artículo no está tan clara, aunque de hecho obliga al Gobierno a pedir un informe del Govern siempre que quiera hacer un plan especial en «territorio DOT». Fuentes del Govern han asegurado que, con este artículo, lo que se pretende es que el Gobierno no pueda tomar por su cuenta decisiones como construir una tercera pista para el aeropuerto, sin haberlo consultado antes.
El Consell intentará prohibir las urbanizaciones antes
del 13-J
El president de la Comissió Insular d'Urbanisme del Consell,
Francesc Quetglas, aseguró ayer que la voluntad de la institución
insular es prohibir antes de las elecciones las 77 urbanizaciones
suspendidas por la moratoria. Quetglas reconoció que el tiempo
corre en contra del Consell, pero aseguró que los servicios de la
institución insular están trabajando de lleno en la redacción de
esta norma.