Los tres afiliados del Partido Popular de las Pitiüses a los que el comité de derechos y garantías regional decidió anteayer abrir expediente disciplinario podrían ser suspendidos de militancia entre uno y cuatro años, así como ser inhabilitados «para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual período de tiempo», según lo establecido en el artículo 10 de los estatutos de esta formación política. Dicho artículo especifica que estas sanciones son de aplicación a las faltas consideradas graves, entre las que se encuentran las manifestaciones públicas a través de medios de comunicación que supongan descalificación de miembros del partido.
Como ya informaba Ultima Hora Ibiza y Formentera en su edición de ayer, el comité de derechos y garantías decidió en la tarde del lunes abrir expedientes contra el ex-secretario general del PP pitiuso, Manuel Alonso Fernández Revuelta; el presidente del PP de Formentera y concejal, Cándido Valladolid; y el afiliado de esta misma isla, César Àlvarez. El primero y el último no ocupan en estos momentos cargo alguno dentro del Partido Popular, por lo que sólo se podrían ver afectados por la primera de las sanciones citadas anteriormente. Sin embargo, la situación de Valladolid es más compleja porque ocupa la única concejalía que el PP consiguió en Formentera tras las elecciones del pasado 13 de junio.