Una nueva sentencia del Juzgado número uno de lo contencioso administrativo de Palma ha desestimado el cuarto recurso interpuesto por la Plataforma Balear de Interinos (PBI) por supuestas irregularidades en el bolsín de interinos convocado por el Govern balear. La resolución no sólo da la razón a la institución autonómica, sino que obliga a la PBI a pagar «costas por temeridad y mala fe» por litigar, una sanción que también recoge una sentencia anterior. En esta cuarta resolución «se confirman los actos administrativos impugnados por ser ajustados a la legalidad del ordenamiento jurídico».
El conseller d'Interior, Josep Maria Costa, aseguró ayer que el Govern ha solicitado el levantamiento de un auto judicial dictado en febrero por el que se suspendían cautelarmente todas las pruebas del bolsín de interinos y la contratación de personal, lo que supondría la contratación inmediata de 150 empleados interinos de diferentes cuerpos y categorías.
El motivo de la suspensión cautelar de estas pruebas se debe, según este auto del 23 de febrero del 2000, a que se podrían causar graves perjuicios a las personas que, después haber superado estas pruebas, accedan a un empleo de la Administración balear como interinos y que, posteriormente, una sentencia pudiera terminar anulándolas tras la demanda inicial de la Plataforma Balear de Interinos. Sin embargo, el Govern pide que se levante este auto para que no se prolongue más la actual paralización en la contratación de la Administración pública balear, con «los graves perjuicios» que esto supone.