La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports ha realizado un informe sobre la legalidad de la explotación conjunta de la línea de Eivissa a Formentera que realizan Eurolíneas Marítimas S.A.L (Baleària-Transmapi) y Umafisa-Pitra en el que admite que puede «existir riesgo de que la situación planteada por el consorcio, en cuanto al control de los servicios marítimos regulares, provoque una limitación de la competencia, que podría repercutir a medio plazo en los usuarios». Dicha situación «debería ser planteada -según el informe- ante los organismos adecuados, como es el caso del Tribunal de Defensa de la Competencia».
El informe hace referencia a las quejas de los empresarios adscritos a Pime-Formentera sobre la posibilidad de que el acuerdo fuese monopolístico, y reconoce que «resulta evidente que algún tipo de quasi exclusividad se está produciendo en la gestión de la línea, pues en la actualidad sólo quedaría fuera del control de dicho consorcio la naviera Forebre, la cual representa no más del 10 por ciento de la oferta de la línea regular entre Eivissa y Formentera».
A pesar de la advertencia, el informe concluye que el acuerdo de racionalización de servicios marítimos en el tráfico de cabotaje insular entre los puertos de Eivissa y Formentera, materializado en el consorcio Gestión Naviera C.B. «resulta conforme a la normativa vigente en materia de Marina Mercante, líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público». Por otro lado, asevera «que se han cubierto las formalidades administrativas».
El informe destaca otras consecuencias positivas del acuerdo como que « la compabilización de horarios va a redundar en un mejor servicio a los usuarios, pues si bien no aumenta el número de viajes diarios sí lo hace la franja horaria en la que se pueden realizar». Al evitar demasiadas salidas a la misma hora, «se rentabiliza la ocupación de los barcos, se mejora la gestión portuaria y se produce menos agresión al medio ambiente», destaca el informe.