La consellera d'Innovació i Energia, Misericòrdia Ramon, presentó el jueves por la noche su dimisión al presidente del Govern horas antes de que el PP desvelara en una rueda de prensa el contenido del contrato 'blindado' que la consellera firmó con el ex director del Parc-BIT de Mallorca, Felio Morey, y que establecía una indemnización de multimillonaria en caso de que este alto cargo dejara el Govern antes de que finalizara la legislatura.
El PP había solicitado la comparecencia de la consellera a raíz de que Ultima Hora publicara el blindaje del contrato de Morey, pero fue la convocatoria de la rueda de prensa el detonante de la crisis. Francesc Antich llamó a la consellera por teléfono al conocer la convocatoria de la rueda de prensa y ésta se vio forzada a presentar su dimisión. Antich cerró ayer mismo la repentina crisis provocada por la dimisión con la elección de un hombre de partido como sucesor de Ramon. Príam de Villalonga, considerado todo un «histórico» de las filas socialistas, tomará posesión de su cargo esta misma mañana después de que ayer por la tarde se reuniera con el propio presidente y los altos cargos de su futuro departamento. Príam de Villalonga es miembro de la ejecutiva del PSOE y fue presidente de la Junta del Puerto de Palma.
Al término del consell de govern de ayer, el conseller de Presidència, Antoni Garcías, explicó que Ramon había presentado su dimisión tras reconocer que había cometido «un error» al firmar el contrato 'blindado' con Felio Morey, quien dejó el cargo hace un mes. Garcías añadió que Ramon había dimitido «para asumir su responsabilidad política» y con el fin de «evitar que su permanencia fuera mal utilizada para perjudicar la buena imagen del Govern». Garcías explicó que la fórmula de contratos blindados «eran habituales cuando gobernaba el PP», y aclaró que Ramón había firmado el atípico acuerdo laboral con Felio Morey «sin mala intención».
El portavoz del Ejecutivo comentó que Ramón había planteado al president Antich «su firme convicción de haber actuado en todo momento en el más estricto respeto a la ética política y a la moral pública». Antich aceptó la renuncia de la consellera y elogió «su espíritu de servicio al Govern». El conseller Antoni Garcías insistió en el hecho de que cuando gobernaba el PP los contratos blindados eran habituales. «Ya nos hubiera gustado que otros gobiernos autonómicos hubieran tomado ejemplo y actuado igualmente», atacó el portavoz del Ejecutivo, quien precisó que el actual Govern ha tenido que pagar bastantes indemnizaciones a altos cargos que disfrutaban de contratos blindados.