El suministro eléctrico de la bahía de Sant Antoni pende de la resolución de un proceso de expropiación forzosa de los terrenos de tres vecinos, cruciales para que GESA pueda instalar en ellos las tres torres que faltan de la línea Santa Agnès-Sa Raval, proyectada para reforzar los cuatro tendidos que actualmente suministran energía en esa zona. La línea, de la que ya hay instaladas 26 de las 29 torres necesarias, sólo podrá entrar en servicio cuando los terrenos sean expropiados.
La construcción de la línea es crucial para el suministro eléctrico de la bahía, según arguye José Rosselló, jefe de Distribución de GESA en Eivissa: «Esperamos que la Conselleria balear d'Industria agilice todo lo posible las expropiaciones, y lo haga de la forma más diligente, dada la situación que hay en Sant Antoni». Hasta que ese tendido no se complete, GESA no puede dar nuevos suministros por encima de 25 kilowatios. Por esa razón, hasta el momento la empresa se ha visto obligada a denegar temporalmente 56 peticiones, cada una de las cuales corresponde a un edificio, un hotel o un gran negocio, de manera que los afectados son numerosos.
En noviembre, la compañía anunció que denegaba el suministro a 51 empresas, en parte debido a la peculiar situación urbanística de las Pitiüses. Desde entonces, esa cantidad se ha incrementado paulatinamente. Actualmente, hay 73 peticiones en suspenso, 17 de ellas en la zona de es Canar (Santa Eulària), mientras que el grueso de las suspensiones se halla en Sant Antoni. Según detalló Rosselló, se da la casualidad de que los tres vecinos contra los que se ha iniciado el proceso de expropiación forzosa inicialmente habían dado su permiso a que el tendido pasara por sus terrenos.