El ex diputado de la Agrupació Independiente de Formentera, Joan Robert Masdeu, negó en la comisión de investigación del caso Formentera haber obtenido una lista de los emigrantes antes de que se publicara el censo y habérsela entregado después de Manuel Alonso. Insistió en que desconocía cualquier operación para favorecer la inscripción de argentinos en la Isla.
El alcalde de Escorca, Antonio Gómez, también aseguró que no cometió ninguna irregularidad en el censo y añadió que son «errores administrativos. Dijo que en las elecciones de 1999, el censo del municipio varió en tal sólo dos personas y pasó de 276 a 278. Acusó a Josep Vicens, ex concejal del PSM que lanzó las acusaciones en su contra, de practicar precisamente lo contrario de lo que predica, ya que vive y trabaja en Sóller.
Por otra parte, el pleno del Senado rechazó investigar y aclarar en el plazo de seis meses el funcionamiento del Censo de Emigrantes Residentes Ausentes (CERA), partiendo de su presunta utilización «fraudulenta» en Balears en las elecciones de 1999. El texto, rechazado por 132 votos en contra, 75 a favor y 13 abstenciones, era una enmienda de modificación del propio grupo mixto a su moción, en el que se pedía investigar la participación en las elecciones de los inscritos en el CERA.
El senador de IU Manuel Cámara aseguró que se utilizaron emigrantes para conculcar la voluntad popular de la circunscripción electoral de Balears durante las elecciones autonómicas de 1999, ya que en el proceso de rectificación del censo, 74 residentes en Argentina se censaron en Formentera, y 72 votaron al PP y los dos restantes fueron votos nulos.
El senador del PP José Manuel Ruiz Rivero, quien defendió una enmienda de su grupo en la que se pedía una evaluación sobre el funcionamiento del CERA, teniendo como referencia su participación en las elecciones de 1999 y de 2000, pero no solamente en Baleares sino en toda España, mostró su sorpresa por la capacidad del senador Cámara «para circular a piñón fijo». El periodista Matías Vallés compareció ayer en el Juzgado de Eivissa donde entregó la documentación sobre el caso Mapau y ratificó el contenido de todas las informaciones publicadas.