El Govern cree que las competencias de Sanidad serán asumidas en enero del año 2002. El conseller de Presidència, Antoni Garcías, quien el lunes se reunió en Madrid con el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, aseguró ayer que el Gobierno central tiene «la firme voluntad» de transferir las competencias sanitarias para que sean gestionadas por el Govern a partir de enero del 2002. «Nuestro objetivo es que la financiación per cápita en materia de sanidad no esté por debajo de la media, y otra de las exigencias del Govern es que Madrid pague todas las inversiones pendientes», apuntó Garcías. El conseller de Presidència señaló que el Gobierno central debe comprometerse a financiar las obras de la reforma de Son Dureta, el hospital de Inca y la remodelación del hospital de Maó, una inversión que asciende a un total de 20.000 millones de pesetas.
«Lo más importante de todo es que la financiación sanitaria en Balears puede situarse en los mismos niveles que la media nacional», planteó Garcías, quien recordó que Madrid invierte en materia sanitaria en Balears «mucho menos que en el resto del país». «Existen muchas posibilidades de que las competencias sean transferidas en enero», recalcó un optimista Garcías, quien confía en que, a partir de ahora, el Govern «pueda diseñar su modelo sanitario para el futuro». Además, Garcías recordó que las competencias sanitarias están vinculadas a la gestión por parte del Govern de la nueva «cesta de impuestos», tal y como se acordó en la pasada reunión del Consejo de Política y Fiscal.
Una de las cuestiones que se tendrá que resolver es que no haya descompensaciones sanitarias entre islas. El caso de las Pitiüses es especialmente llamativo, ya que la población ha ido en aumento en los últimos años debido, sobre todo, al flujo migratorio existente. Las transferencias permitirían mejorar los servicios sanitarios que presta Can Misses, aunque Son Dureta siga siendo el hospital de referencia.
El conseller Antoni Garcías aprovechó su reunión con el ministro para expresar su queja por la falta de una consulta previa por parte del Gobierno en la aprobación de leyes como las de Universidades y Formación Profesional, materias sobre las cuales las comunidades autónomas tienen competencias.