Los ayuntamientos de Balears tienen mucho que decir sobre la nueva moratoria aprobada anteayer por sorpresa por el Govern de les Illes Balears. De hecho, fuentes del Ejecutivo reconocen que su efectividad depende de la 'buena voluntad' de los consistorios a la hora de aplicar las medidas decretadas para restringir la construcción tanto en suelo urbano y urbanizable como en suelo rústico. El antecedente más claro es lo sucedido semanas atrás en Mallorca, donde algunas instituciones han respondido a la moratoria de aquel consell con la concesión de importantes paquetes de licencias.
Lo cierto es que la moratoria no se lo pone fácil a estas instituciones. Además de restringir las concesiones, se establece que los permisos deberán otorgarse a partir de ahora siguiendo un estricto criterio temporal. Es decir, el que antes pide, antes lo consigue. Para que no haya duda en caso de empate, también se ha previsto un sistema, aunque éste deja la puerta abierta a la arbitrariedad. A igual fecha de presentación de la solicitud de la licencia (siempre que esté acompañada de toda la documentación legal necesaria) se otorgará el permiso antes a las obras que se vayan a realizar en suelo urbano que a las previstas en suelo urbanizable. También tienen preferencia las que se localicen «en áreas o zonas más transformadas y las que tengan menor impacto paisajístico».
Y eso no es todo. Los ayuntamientos están obligados a constituir un registro público en el cual se hará constar el número de licencias otorgadas y de las plazas de alojamiento que suponen. Cada quince días como máximo deberán publicar los datos en el tablón de anuncios. En el gráfico que acompaña a esta información se ha calculado cuántas viviendas podrán autorizarse en cada municipio (suelo urbano y urbanizable) durante los próximos tres años, a una media de tres plazas por vivienda.