La consellera de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, Margalida Rosselló, afirmó ayer durante la presentación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de ses Salines de Eivissa y Formentera que lo lógico sería que, mientras el Tribunal Constitucional no declare que es la Comunitat Autònoma quien tiene las competencias sobre sus espacios naturales, se pudiera llegar a un acuerdo con el ministro Jaume Matas para que las Islas puedan participar en la gestión de la zona más emblemática de las Pitiüses.
Rosselló desveló que esta misma semana había hablado de esta idea al ministro de Medio Ambiente, con el que coincidió en la firma de un convenio. «Le planteé esta cuestión y le dije que esperaba que hubiera colaboración para poder gestionar de manera eficaz y eficiente este espacio», manifestó Rosselló, que apuntó que si el Gobierno optase, incluso, por dejar ses Salines totalmente en manos de Balears, la decisión sería bienvenida.
Ese hipotético convenio vendría a solucionar el problema que puede producirse cuando se haya aprobado la ley autonómica de protección de ses Salines, así como su respectivo PORN, sin que se haya resuelto el conflicto de competencias que, en su día, interpuso la Comunitat Autònoma contra la ley estatal de protección de este espacio, que lo declaró Reserva Natural. El hecho de que el Constitucional ya haya resuelto un caso muy similar en favor de las autonomías hace pensar a todas las administraciones que en este caso el fallo será el mismo, y se piensa que podría ser inminente.
De hecho, según explicó ayer el director general de Biodiversitat, José Manuel Gómez, el PORN se ha redactado teniendo muy en cuenta las actuales circunstancias. Se adapta a lo establecido en la ley estatal de 1995, por lo que la figura de gestión prevista podría empezar a funcionar de manera inmediata, y también se ajusta a la ley autonómica que está en trámite parlamentario por lo que se convertirá en la herramienta básica de trabajo en cuanto se anule la normativa nacional.
El PORN, que ha visto la luz tras someterse por cuarta vez al dictamen de los miembros del consell de govern, se encontrará en exposición pública durante el plazo de un mes aproximadamente. La Conselleria de Medi Ambient estudiará y consensuará las alegaciones que se presenten antes de proceder a su aprobación definitiva.