Representantes de las ocho asociaciones de vecinos y de empresarios que conforman el movimiento cívico de Sant Antoni se reunieron el pasado jueves con el concejal de Gobernación, José Juan Ferrer, para plantearle seis medidas destinadas a mejorar el orden público en la bahía durante la próxima temporada. La principal es la «completa erradicación» de la venta ambulante, que el pasado verano «se desmadró» causando mala imagen y molestias a residentes y veraneantes, además de representar una seria competencia desleal para los comercios.
También exigieron al concejal el cumplimiento de los horarios de cierre «para que los turistas y habitantes del municipio puedan descansar y permitir que se lleve a cabo la limpieza de las calles de la localidad». Respecto al desorden, consideran que se debe prohibir el consumo de bebida y comida en la vía pública», aumentar la vigilancia y reorganizar la Policía Local para que no se concentre únicamente en el West End.
Otra propuesta consiste en que ese exija a los titulares del mercadillo artesanal que sólo vendan productos manufacturados por el propietario del puesto, así como cambiar el emplazamiento actual y situarlo junto a la iglesia para ambientar esa zona «abandonada». Además, piden que se erradiquen prácticas como el boca a boca, las ofertas 2 por 1 y los pub crawls, y que se retiren las cabinas telefónicas.