Todo indica que la política de atención al inmigrante por parte de las instituciones pitiusas, baleares y nacionales no está siendo la mejor encaminada para resolver las miles de dudas y la precaria situación que padece este colectivo. En Balears viven en la actualidad más de 47.000 extranjeros. Unos, amparados por el hecho de ser comunitarios, disfrutan de un trato igual al resto de ciudadanos. Este trato se convierte en preferente si se compara con las dificultades que se encuentran los inmigrantes extracomunitarios a las Islas.
El departamento de Extranjería de Palma está totalmente desbordado de solicitudes de regularización. Esto ha provocado que no se haya resuelto ninguna de las peticiones de legalización presentadas en 2001 desde Eivissa. La culpa, según CITE, no es de Extranjería sino de la falta de dotación de personal que agilice el proceso. Las consecuencias se traducen no sólo en la incertidumbre de la espera sino en un aumento de la explotación de los trabajadores de este colectivo, sobre todo para los trabajadores que reciben el jornal por horas. Los empresarios dicen a los trabajadores que «se aguanten con 800 pesetas la hora en vez de 1.200 si no tienen papeles», señala Carmen Duarte de CITE.
Otros empresarios se niegan a acoger a personas sin papeles. Con el anuncio de la regularización fueron muchos los propietarios de empresas que accedieron a contratar gente mientras esperaban que se regularizase su situación. Los meses han pasado. La mayoría de las empresas han perdido la paciencia y les han echado de sus puestos o rebajado drásticamente los honorarios.
La falta de información sobre el momento en el que se encuentra el proceso de cada solicitante es otro de los problemas del colectivo. Tanto CITE como Justicia y Paz y asociaciones de inmigrantes exigen a las instituciones que no se limiten a prometer sino que pongan medios humanos y técnicos para que se acabe con esta precaria situación.