La Delegación del Gobierno en Balears ha recibido la circular del Ejecutivo que afirma textualmente: «Los permisos de trabajo y residencia que se formulen a partir del día 14 de enero de 2002 a través de un procedimiento distinto al contingente serán denegados». Las críticas a esta decisión «sorpresa» no se han hecho esperar en las Pitiüses.
Carmen Duarte, portavoz de la Plataforma por la convivencia y responsable del Centro de Información al trabajador Extranjero (CITE) de Comisiones Obreras manifestó ayer su «malestar» y «oposición» a la decisión del Gobierno central y denunció la situación de «inestabilidad» y «desamparo» en la que deja a los trabajadores extranjeros que residen en Eivissa y Formentera, que pueden tener una oferta de trabajo pero que no van a conseguir un permiso de trabajo para poder ejercer.
Esta drástica decisión va a afectar en las Pitiüses a centenares de personas a las que no se puede expulsar pero tampoco dar papeles. CC OO piensa recurrir la decisión, que tachan de «ilegal» y no descarta tampoco ayudar a interponer recursos a aquellos inmigrantes a los que se deniegue el permiso sin atender a razones de peso. «Están engañando a la gente», señaló Duarte , que se mostró indignada por el hecho de que el Gobierno no haya informado directamente a centros como CITE, en los que se tramitan solicitudes de regularización.
La mano de obra extranjera hace falta en las
Pitiüses
Uno de los argumentos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
para el veto a nuevas regularizaciones es que «existe suficiencia
de trabajadores en todo el territorio nacional capacitados para
atender la oferta de empleo de la empresa». La responsable de CITE,
Carmen Duarte, no está de acuerdo en absoluto con este argumento al
menos en lo que respecta a las islas de Eivissa y Formentera, en
las que la mano de obra de personas extranjeras «se reclama cada
vez más», sobre todo en sectores como la construcción, la
hostelería o el cuidado de niños y de personas mayores.