El equipo de gobierno del Consell Insular presentó ayer el Plan Especial de Telefonía Móvil de Eivissa y Formentera, un texto que se llevará al pleno del próximo lunes para ser aprobado. El texto es «un intento de regular la ubicación e instalación de antenas de telefonía móvil» en Eivissa y Formentera, según la presidenta del Consell, Pilar Costa, que indicó ayer que hay que reaccionar ante el vacío legal en torno a este servicio.
Prueba de la falta de sistemas de control efectivos al respecto es que tan solo una antena de telefonía móvil en todo el territorio de Eivissa y Formentera (situada en Sant Josep) cuenta con todos los permisos de instalación. El resto, 104 antenas, se encuentran en diferentes situaciones aunque con una aplastante mayoría que no tiene ningún permiso.
La presidenta y la consellera de Medi Ambient, Fanny Tur, explicaron ayer a alcaldes y representantes de los municipios de las islas los artículos que contiene el plan que estará en vigor de manera indefinida una vez superado el período de alegaciones. Una de las medidas más ambiciosas del plan es que se da un plazo de seis meses para que los operadores legalicen la situación de las antenas de móviles. Si en ese tiempo no ponen los medios para ello o responden con silencio administrativo a este requerimiento se impone otro plazo de dos meses durante el que las antenas serán desmanteladas.
El Govern balear está pendiente de la redacción de un Plan Director Sectorial de Telecomunicaciones. El plan del Consell deberá adaptar su contenido al texto del Govern una vez que se apruebe aunque seguirá en vigor. Costa señaló que el plan surge por «la preocupación e interés» del Consell en «marcar toda una serie de directrices y pautas en este sector». El plan especial cuenta con 29 artículos en los que se desarrollan desde las zonas de protección a las licencias municipales. El marco legal es complejo porque en telefonía inciden todas las administraciones desde la central al Govern (Conselleria d'Innovació i Energia (que acaba de aprobar una norma territorial cautelar que afecta a telefonía móvil), el Consell y, sobre todo, los ayuntamientos, que son las instituciones que finalmente conceden las licencias.