La directora insular de la Administración del Estado, Marienna Sánchez-Jáuregui, trató ayer con el conseller de Turisme, Josep Marí Ribas, la escalada de delitos que se ha detectado en las Pitiüses durante julio y agosto, principalemente. Sin querer dar la impresión de alarma social, el conseller reconoció haber recibido denuncias directas, entre ellas «una carta de un touroperador» quejándose por el incremento de robos y otros delitos como agresiones en Eivissa y que, por otra parte, la oficina de turismo está recogiendo protestas de turistas por los mismos motivos.
La directora insular confirmó, por su parte, que el incremento de delitos se debe al aumento de población (de 80.000 a 103.000 habitantes en un año) con un cierto descontrol, lo que ha provocado la entrada de un sector de inmigrantes de países como Rumanía, Argelia y Marruecos que, lejos de regularizar su situación incorporándose al mercado de trabajo, «se dedican a negocios de dinero fácil». En el caso de los rumanos se da la circunstancia de que visitan la isla donde se dedican a robar durante tres meses y luego se van a otras zonas.
A pesar de «los datos objetivos», la directora insular quiso dejar claro que no le gusta «que se vincule delincuencia con inmigración» porque «hay muchísimos inmigrantes que son buena gente, que se integran y que son necesarios». Otros, en cambio, se aprovechan de la aglomeración del verano «para cometer delitos contra la propiedad». Es más fácil encontrar delincuencia entre la inmigración sin papeles, matizó, «que son captados por mafias o caen en los robos para sobrevivir».
Marienna Sánchez-Jáuregui confía en que medidas como los juicios rápidos unidos a la revisión de la Ley de Extranjería anunciada por Mariano Rajoy antes de que finalice el año contribuyan a frenar una situación que, hasta ahora, sigue una secuencia de escalada. De todos modos, la directora recordó que los efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Eivissa, lejos de descuidar sus tareas, «están trabajando más que nunca» y que, prueba de ello, es que el número de detenidos «se ha multiplicado por tres este año» en relación a la temporada alta de 2001.
La preocupación por el tema es creciente y la dirección insular lo sabe por lo que ha organizado otro encuentro para tratar el problema con la Federación Empresarial Hotelera el próximo martes. El día siguiente Marienna Sánchez-Jáuregui asistía a la reunión de la Mesa del Turismo. Uno de los temas que no faltará en estas reuniones en la petición de incremento de efectivos de seguridad en función de la población flotante y no de la residente.
Juzgados y Fiscalía, saturados hasta el punto de aparcar
temas urbanísticos
Fuentes de Fiscalía y Juzgados de Eivissa han confirmado que se
encuentran totalmente «saturados» de trabajo por la avalancha de
detenciones y procesos abiertos en relación a delitos cometidos
este verano, en su mayoría agresiones y robos. El trabajo es tal
que el ambiente que se respira en estas dependencias es de agobio,
hasta el punto de haber tenido que «aparcar momentáneamente» otros
expedientes abiertos en relación con temas urbanísticos. A pesar de
esta realidad, el conseller de Turisme, Josep Marí Ribas, señaló
ayer que la isla se encuentra en los márgenes «normales» de los
delitos que pueden cometerse en una zona con una cierta
aglomeración y en la que la gente «está más relajada y
despreocupada», lo que hace que descuiden a veces sus pertenencias.
El conseller apuntó que es preciso frenar la delincuencia y, sobre
todo, «impedir que vaya en aumento», porque hecho así van en
detrimento «de la imagen turística» de Eivissa. Con respecto a la
petición de la Pimeef, que se pronunció favorable a la combinación
de un sistema de seguridad privada con el público, Marí Ribas se
mostró contrario ya que «como militante socialista» considera que
«son las fuerzas públicas de seguridad del Estado» las que deben
ocuparse del control.