El Ayuntamiento de Santa Eulària remitió el pasado 14 de agosto al juzgado número 4 de Eivissa un escrito en el que advierte de que no podrá hallar en sus archivos un documento clave del caso ses Torres «si no se aportan datos relativos a la filiación de la persona que interesa la certificación o el número de registro de entrada, ya que las solicitudes que se formulan se encuentran en el registro informático y únicamente puede obtenerse la información a través de los datos antes indicados».
El documento en concreto es un certificado firmado por el secretario accidental en el que se admite que «según informes de los servicios técnicos» una determinada parcela del sector 2.1. de ses Torres «está clasificada como suelo rústico» en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo cual daría la razón a Esquerra Unida (EU) en su denuncia de que el equipo de Gobierno permitió urbanizar esa zona «a sabiendas» de que el suelo no era urbano.
EU entregó el documento a la Fiscalía con los datos del propietario y del número de registro borrados para evitar problemas al interesado, algo que el asesor jurídico del Ayuntamiento, José Marí a Roig Vich, interpretó como una falsificación. Por esa razón la juez pidió al Consistorio una copia de ese certificado, que ahora dice no encontrar.
El concejal progresista Carlos Salinas considera que las excusas del Ayuntamiento constituyen una clara «obstrucción a la Justicia», y señaló que diez minutos serían suficientes para obtener ese documento. Basta, dice, insertar datos básicos en el ordenador, como el año, el hecho de que es un certificado y la palabra clave, ses Torres. Los progresistas se reunieron ayer para analizar próximas actuaciones en este asunto. Por otra parte, la responsable del juzgado número 4 ha desestimado la petición de Roig Vich de imputar en ese caso a todos los ediles de la oposición.