El alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, afronta sus últimos meses al frente del Ayuntamiento con un problema con la justicia. El Pacte cree que el primer edil debería dejar su cargo antes de tiempo tras conocer que la juez del juzgado de instrucción número tres de Eivissa ha dictado una providencia en la que llama a Antoni Marí Tur a declarar el próximo día 27 en calidad de imputado por la obra ilegal de sa Rota d'es Puig. Marí Tur, curiosamente, era el aparejador de esta obra.
El aparejador municipal, Miguel Angel Martín Miralles, también ha sido llamado a declarar como imputado, mientras que la concejal de Urbanismo, Blanca Castiella, lo hará como testigo, al igual que el portavoz del Pacte, Joan Marí Serra. «El alcalde debería dimitir por propia iniciativa, pero para nosotros no es ninguna satisfacción. El alcalde, con 14 años de experiencia, debería saber lo que puede hacer y lo que no», explicó ayer el portavoz del Pacte, Joan Marí Serra, que ejerce la acusación particular.
Los hechos por los que se imputa al alcalde se remontan al 25 de junio de 1999, cuando se concedió la licencia de reforma de una vivienda en sa Rota d'es Puig. Marí Serra explica que al amparo de este permiso de obra se inició la construcción de otro inmueble a al menos 70 metros de distancia. El tribunal de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma anuló la licencia al entender que existía una infracción urbanística grave.
Fue el propio Consistorio quien presentó el 6 de abril de 2001 el recurso tras comprobar, a raíz de la denuncias del Grupo Verde Europeo, que las obras no coincidían con las previstas en la licencia. La Fiscalía abrió diligencias sobre el caso y ahora la juez llama al alcalde a declarar como imputado. El Ayuntamiento pasó después el caso a la Comisión Insular de Urbanismo (CIU) para legalizar la obra. La CIU aún no se ha pronunciado. Este periódico trató ayer infructuosamente de hablar con Marí Tur.