La Federación socialista de las Pitiüses asegura que la disposición incluida por el PP en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad autónoma para salvar la mansión de Michel Cretu en Santa Agnès no servirá para evitar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que, en base a una sentencia del Supremo, ordenó el 17 de octubre al Ayuntamiento de Sant Antoni la demolición de la casa en un plazo de dos meses. «No se puede dar carácter retroactivo a ninguna norma, aunque la apruebe el Parlament, para dar carta de legalidad a una materia ya juzgada y sentenciada», explicó el parlamentario del PSOE Vicent Tur tras hacer una consulta con expertos juristas.
Es más, si los políticos que dirigen el Ayuntamiento de Sant Antoni, advirtió Tur, «intentan interferir o dilatar la ejecución de la sentencia corren el peligro de volver a cometer un delito de prevaricación y asumir graves responsabilidades ante los tribunales». Precisamente, tanto el Tribunal Supremo como el TSJB, según Tur, no permitirán que los dirigentes del PP «burlen de forma tan descarada el estado de derecho y la ejecución de sentencias firmes».
Para la formación socialista, la controvertida disposición, que se aprobará en el Parlament el próximo 18 de diciembre junto a los presupuestos, es «anticonstitucional ». Por ello, si el PP sigue adelante con su idea de aprobar dicha ley, el PSOE presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. «No tenemos ninguna duda de cuál va a ser el resultado de este recurso», subrayó.
El diputado socialista mantiene que el PP ha desviado la atención del asunto en las cuantiosas indemnizaciones que tendría que asumir el Consistorio si ejecuta la sentencia y que le podría llevar a la banca rota, cuando realmente los que tienen «un problema muy serio» son los dirigentes del partido que dieron la licencia de obra (el ex alcalde Antoni Marí Tur y el equipo de gobierno), por lo que podrían ser acusados de prevaricación. Tur recordó que el juzgado de Eivissa investiga el caso por la vía penal al entender que se podrían haber cometido dos posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.