La Asociación de Titulares de Amarres de Ibiza Nueva está estudiando emprender acciones legales de tipo penal, civil o contencioso administrativa contra la empresa concesionaria del puerto, a la que acusan de estar cobrando por los amarres desde noviembre de 2003 (fecha de la 'prórroga' de la concesión, que caducó el año pasado) cantidades equivalentes a las tarifas de transeúntes (muy superiores a las que pagaban), a pesar de que el contrato de la concesión exige mantener las mismas condiciones que antes de que expirase el contrato.
La cláusula 36 del mencionado contrato dice que «para las embarcaciones y locales ubicados en las instalaciones, cuyos derechos asignados hasta la fecha hayan quedado extinguidos, regirán las mismas condiciones que poseen al concluir la concesión otorgada en fecha 22 del 10 del 1973, siempre que no contradigan las de este título».
El asesor jurídico de la asociación, Manuel Salgado; su administrador, Román Pérez, y su presidente, Juan Colomar, explicaron ayer que la empresa concesionaria se limitó a enviar un burofax el 18 de noviembre de 2003 a los propietarios de amarres (unos 500, de los que 200 están asociados) en el que advertía de que perderían los derechos sobre los amarres si no abonaban las nuevas cantidades antes del 15 de diciembre de 2003. Sin embargo, este fax no incluía las nuevas tarifas. Este hecho ha sido también criticado ya que muchos amarristas viven fuera de Eivissa y su indefensión al respecto es «notoria», afirman.
Con respecto a la actuación de la Autoritat Portuària en el caso, la asociación critica las dificultades que tuvieron los asociados para acceder a documentos como el contrato, con los que «simplemente querían conocer la situación actual del mismo», aunque matizaron que el organismo portuario sí les dio lo solicitado cuando lo reclamó la propia asociación de titulares. También critican lo que parece una actuación de «tolerancia» de la Autoritat Portuària ante una ilegalidad tan manifiesta.