El Consell aprobó ayer en pleno por unanimidad una propuesta presentada por el equipo de gobierno para reclamar al Gobierno central que suba el descuento para residentes de los vuelos entre islas y a la península del 33 al 50 por ciento. El PP reconoce así que el servicio público de los vuelos entre islas no es suficiente para paliar el problema del alto coste del transporte aéreo.
En esta misma propuesta, el Consell incluye reclamar al gobierno de Zapatero que desarrolle el régimen económico especial para los archipiélagos previsto en la ley de Puertos, y que, entre otras ventajas, contempla bonificaciones en las tasas de hasta el 100%, que, según el conseller insular de Transport, Diego Guasch, «debe servir para reducir las tarifas de los pasajeros». También pide que la línea marítima entre Eivissa y Formentera y entre esta última con la península se declare de interés público y, con ello, se fijen unas frecuencias diarias o semanales mínimas y se aplique un reglamento de bonificaciones.
El Pacte criticó duramente la incoherencia del PP al presentar ahora esta propuesta cuando su partido ya no gobierna en Madrid. La portavoz de los progresistas, Pilar Costa, recordó que el pasado 28 de agosto su grupo presentó una moción para elevar al 50% el descuento de los vuelos y que el PP hizo valer su mayoría para rechazarla. Lo mismo pasó hace menos, el 26 de enero, cuando Diego Guasch también en un pleno aseguró que «no tenía sentido» y que «sería un despilfarro subvencionar este tipo de líneas». «Me da vergüenza», subrayó Costa, que, entre risas, llegó a decir: «Hay motivos para que les den por delante, por detrás y por en medio». Pilar Costa aseguró que antes de las elecciones el equipo de gobierno defendía lo contrario por «la presión que sufría del gobierno de Aznar». También recordó que el ahora diputado Enrique Fajarnés convocó una rueda de prensa el pasado mes de septiembre para anunciar a bombo y platillo que la nueva ley de puertos preveía bonificaciones de hasta el 100%. «Vaya moto nos vendió», recalcó ayer Costa, que puntualizó que esta ley prevé un plazo de seis meses que expira en las próximas semanas para desarrollar este régimen económico espe-