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Los propietarios de Cala d'Hort se niegan a dar una opción de compra al Govern

La asociación pide al conseller de Medi Ambient que no incluya este derecho en la nueva ley de espacios naturales

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La Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Cala d'Hort reclamó en persona hace pocos días en Eivissa al conseller balear de Medi Ambient, Jaume Font, que la nueva ley que regule los espacios naturales no contemple una opción de compra prioritaria del Govern. Se trata del derecho de tanteo y retracto, que obliga a un propietario a informar a la administración de cualquier operación de venta de su finca para que la institución correspondiente, en este caso el Govern, pueda hacerse con ella por el precio acordado con el comprador interesado. Los propietarios de Cala d'Hort no quieren ni oír hablar del derecho de tanteo y retracto, y así se lo hicieron saber al conseller. El Govern todavía no ha definido cómo va a ser la nueva norma, y aún cabe la posibilidad de que incluya esta cláusula, según fuentes de la Conselleria de Medi Ambient.

La presidenta de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas, María Teresa Tur, reclama una vez más «la misma libertad que cualquier otro propietario». «No queremos nada especial, sino el mismo tratamiento que se da al resto de propietarios de espacios naturales de la isla. Eivissa es tan pequeña que no se pueden hacer estas diferencias», sostiene. El Govern ha recortado, a través de la ley de acompañamiento de sus presupuestos, el ámbito del parque natural de Cala d Hort a sólo dos fincas públicas, lo que ha supuesto una reducción de más del 90 por ciento de su superficie. De todos modos, Tur recuerda que esta medida no ha servido para nada porque los propietarios aún están condicionados por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que es la normativa que regula la gestión del parque. «Queremos tener el mismo status legal que había antes de la aprobación del parque natural», indica.

El Govern quiere aplicar en Cala d'Hort el mismo modelo de protección del parque de la Garrotxa, en Catalunya, donde se permite la construcción de casas y, según el conseller Font, «no pisa los derechos de los ciudadanos».

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