El fiscal de medio ambiente ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa un informe pericial para evaluar el posible daño ambiental causado por la construcción de la mansión de Cretu en lo alto de una cima en Santa Agnès, declarada Àrea Natural de Especial Interés (ANEI) por la Ley de Espacios Naturales (LEN). Este documento técnico se incorporará como prueba en las diligencias que se instruyen en Eivissa por la vía penal para depurar responsabilidades ante un supuesto delito contra la ordenación del territorio y también el medio ambiente.
La Fiscalía ha presentado esta solicitud a la vista del contenido del auto del 1 de septiembre dictado por el Juzgado de los Contencioso Administrativo número uno de Palma de Mallorca en el que ordena al Ayuntamiento de Sant Antoni a que ejecute su demolición en un plazo de 18 meses, desestimando así la petición de Cretu de legalizar la mansión al amparo de la 'amnistía' urbanística incluida en ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad.
Este auto, según el fiscal, hace hincapié en el valor natural del lugar. Por ello, ha solicitado la prueba pericial para verificar si realmente pueden existir indicios de que se haya cometido un delito ecológico, al margen de la supuesta infracción urbanística. Este informe aportará pruebas para determinar si la construcción de la mansión supuso un daño a los elementos determinantes (ecológicos, geológicos y paisajísticos) del espacio protegido.
La juez sostiene en el citado auto que la vivienda se situó no sólo encima de la cota 200, sino en «un emplazamiento inadecuado» a tenor de lo que determina la Ley de Espacios Naturales, en este caso la prominencia del terreno. El Ayuntamiento de Sant Antoni ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra esta resolución judicial. El alcalde de Sant Antoni, José Sala, indicó hace unos días a este periódico que la mansión del músico rumano «no causa ningún perjuicio al entorno».