Por miles se contarán el número de personas que este fin de semana han pasado por la finca de Can Caus, donde por sexto año consecutivo se celebra la Fira Ramadera. Seguramente muy pocos de ellos pensarán que se encuentran dentro del radio de la zona afectada por la contaminación de carburantes más grave de la historia de Balears, provocada presuntamente por la fuga de gasolina sin plomo de la estación de servicio de Santa Gertrudis, situada apenas unos 100 metros más adelante.
Los técnicos de la Conselleria de Medi Ambient sólo recuerdan como antecedente el escape de carburante que se produjo hace unos años en una gasolinera del centro de Palma, pero que no fue tan grave ni afectó a ninguna vena de agua del subsuelo. La Fiscalía de Eivissa tampoco ha hallado jurisprudencia de casos similares producidos en otros lugares de España durante los últimos 10 años.
Da la impresión de que la ciudadanía ha asumido este grave problema ecológico como un asunto más del día a día de la isla que de vez en cuando aparece en alguna página de la prensa local. Hasta las voces ecologistas apenas se han pronunciado sobre el asunto, como si realmente no fuera tan trascendente como la política de carreteras y de territorio del gobierno del PP del Consell.
Cierto es que, ante la gravedad del problema, la limpieza del acuífero, que ya lleva un año en marcha, es una de las prioridades de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, y que el Juzgado de Instrucción número uno de Eivissa actúa con diligencia para facilitar el trabajo de descontaminación que lleva a cabo la empresa Terratest y Gea Medioambiente y para depurar responsabilidades por un presunto delito ecológico por el que están imputados los responsables de la empresa que gestiona la gasolinera.
El Govern calcula que al menos 30.000 litros de gasolina sin plomo fueron a parar al acuífero, lo que condiciona que el volumen de agua contaminada puede ser realmente espectacular. La guía de seguridad de las estaciones BP establece que un litro de carburante puede llegar a contaminar 750.000 litros de agua, por lo que una simple multiplicación puede dar una muestra aproximada de la dimensión del daño ecológico.
Los vecinos detectaron que el agua desprendía un fuerte olor a gasolina y denunciaron los hechos a la prensa en mayo de 2003. Meses antes pusieron la primera denuncia ante el Consell, a la que siguieron otras ante Sanidad y la dirección general de Industria, aunque, según denunciaron los afectados, «nadie hizo nada». El nuevo gobierno autonómico declaró la urgencia de los trabajos de limpieza del acuífero y en la primera semana de octubre del año pasado puso en marcha la torre de stripping, situada justo al lado de la estación de servicio. Desde entonces no se ha ininterrumpido la actividad, pero para los vecinos de la zona todo sigue igual. Uno de los más afectados es Joan de ca n'Andreu, que, de todos modos, tiene la 'suerte' de que un hermano le cede el agua de una perforada que no está afectada por la contaminación. «No podemos tocar para nada la nuestra», dijo ayer a este periódico. Enfrente de ca n'Andreu se encuentra la explotación ganadera de Can Caus, que cada semana consume dos camiones cuba, y eso agrava los costes.Los análisis realizados por la Conselleria constatan, eso sí, una bajada del nivel de contaminación, salvo en algunos momentos en los que se ha producido un repunte por la acción de la lluvia. Al parecer, la escorrentía esparce el carburante que mantiene retenido el terreno que rodea los tanques de la gasolinera, que aún están enterrados bajo tierra. El juez ha fijado como fecha tope para la extracción de los depósitos el próximo día 2 de noviembre, que una vez fuera y visto su estado se podrá determinar el grado de culpabilidad de la gasolinera. Ésta a su vez ha demandado ante el juez a la empresa constructora, a la que reclama los daños y perjuicios por la instalación de los depósitos de combustible.