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Sanción de 3.600 euros a un centro de diálisis por tirar residuos

La Conselleria de Medio Ambiente ha iniciado el expediente administrativo sancionador

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La Conselleria de Medi Ambient del Govern ha iniciado el expediente administrativo sancionador a «Ibidialyse», un centro sanitario privado que se encontraba en Santa Eulària, por vulnerar la ley de residuos. A la empresa se le sanciona con la cantidad de 601 euros por infringir el artículo 34.3.a de la Ley 10/98 sobre Residuos, y la cantidad de 3.000 euros por infringir el artículo 34.3.l de esa misma ley, según figura en el BOIB. En el caso del 34.3.a, la norma infringida se refiere al «ejercicio de una actividad prescrita en la ley, sin la autorización o con ella caducada o suspendida». El centro de diálisis fue denunciado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a finales de septiembre de 2001, ya que se deshacía de residuos sanitarios depositándolos en la finca en Sant Agustí, propiedad de uno de los administradores del centro. Las investigaciones realizadas en su día acabaron con la localización de nueve contenedores en el bosque.

Los residuos depositados en los nueve contenedores eran de materiales procedentes de diálisis, plásticos, filtros, agujas y restos de sangre. En la inspección ocular realizada se descubrió un agujero donde se arrojaban los restos para incinerarlos. En el informe realizado en su día por la Guardia Civil se mencionaba que los recipientes contenían residuos procedentes de las instalaciones sanitarias que se trasladaron al lugar sin ningún tipo de control sanitario, medidas de seguridad y de grave riesgo, no sólo medioambiental sino para las personas.

La Conselleria de Sanitat abrió un expediente sancionador al centro que eliminaba residuos, tras la visita de un inspector de la Conselleria de Sanitat a las instalaciones del centro. Paralelamente, la Conselleria de Medi Ambient del Govern, que ha notificado a través del BOIB el inicio del procedimiento administrativo sanitario en materia de residuos al no encontrar al destinatario de la empresa, comenzó a realizar las actuaciones necesarias por infringir la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

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