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El Govern prohíbe que se construya el gol de Cala d'Hort

El presidente del Consell destaca que los propietarios podrán edificar con las mismas condiciones que otras zonas de la isla

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El proyecto de Ley para la Conservación de los Espacios de relevancia Ambiental (LECO), aprobado el viernes por el Consell de Govern, reduce en un 68 por ciento el ámbito de protección del antiguo parque natural de Cala d'Hort, pero prohíbe expresamente «la ejecución del proyecto de campo de golf y su oferta complementaria». La nueva ley, que se aprobará seguramente entre mayo y junio del año que viene, contempla, en su disposición adicional segunda, la redacción de un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para regular los usos de una franja de 700 hectáreas de la costa oeste de Cala d'Hort (ver gráfico), incluidos los terrenos de Calas del Mediterráneo, donde estaba previsto el proyecto del golf. La ley mantiene la reserva natural de es Vedrà, es Vedranell y los islotes de Poniente.

El proyecto de ley especifica que el nuevo PORN debe prohibir «expresamente» la ejecución del golf y la oferta complementaria, y que en las zonas de «uso compatible o uso general situadas fuera de las áreas de protección territorial que fije el Plan Territorial Insular (PTI) se aplicará el artículo 57.2 del PORN de ses Salines». Este artículo 57.2 permite la construcción excepcional de viviendas unifamiliares con una parcela mínima de 100.000 metros cuadrados en Eivissa y 50.000 en Formentera.

La ley entiende por «zonas de uso compatible», aún sin delimitar, aquellas cuya actividad (agraria, ganadera, cinegética, educativa y recreativa) «sea compatible con los objetivos de conservación», mientras que «la zonas de uso general» serán aquellas que admitan un mayor número de visitantes y, por tanto, en ellas «puedan ubicarse instalaciones, actividades y servicios que aporten un beneficio a las comunidades locales integradas o próximas al espacio natural».

El presidente del Consell, Pere Palau, que ayer valoró «positivamente» este proyecto de ley, explicó que esta restricción de 100.000 metros cuadrados por vivienda sólo atañe a algunas zonas de la nueva área protegida de 700 hectáreas de protección y que, de esta manera, «el resto de propietarios del antiguo parque tendrán las mismas condiciones que pueda tener cualquier otra zona de la isla, ya sea, por ejemplo, Santa Gertrudis o Sant Mateu».

Así, Palau subrayó que, dentro de la nueva área de protección, «no queda dentro ningún propietario privado e ibicenco». «Sólo los terrenos de Calas del Mediterráneo», puntualizó. También indicó que se podrán construir infraestructuras de interés general. Por todo ello, el presidente destacó que esta ley da cumplimiento al programa electoral del PP. «Dijimos que no intervendríamos en terrenos privados», apuntó. Palau afirmó que las 700 hectáreas de protección son el punto de partida, expresando su confianza en que se llegue a acuerdos voluntarios con los propietarios para ampliar este espacio. Indicó que también se plantea la compra de terrenos en es Amunts.

El conseller de Medi Ambient, Jaume Font, aclaró ayer en la presentación del anteproyecto de ley que la administración deberá llegar a acuerdos, que serán «voluntarios», con los titulares de propiedades privadas protegidas por la LECO en caso de que éstos quieran permitir el acceso público a sus fincas. Esta normativa no supondrá la obligación de los titulares de los espacios declarados de relevancia ambiental a soportar el acceso público a la propiedad.

Urbanizaciones
El presidente Palau afirmó que tampoco será posible la construcción de ninguna urbanización. En el caso del proyecto de urbanización de s'Ullastre, situado en el ámbito del antiguo parque, Palau indicó que tiene «la tranquilidad» de que no se podrá llevar a cabo porque esa zona tiene una «protección superior como Lugar de Interés Comunitario (LIC)». No obstante, el presidente dijo ayer que ha solicitado un informe técnico al Govern para que confirme si realmente está garantizada la protección de esta zona para que, en caso contrario, se incluya alguna modificación de la ley que impida levantar la urbanización.

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