La Plataforma antiautopista ha abierto distintos frentes para detener los dos grandes proyectos de carreteras pendientes: la autovía del aeropuerto y el desdoblamiento de la carretera de Sant Antoni. Al margen de las movilizaciones ciudadanas, el colectivo 'antiautopista' ha contratado al bufete de abogados mallorquín de Ignacio Ribas, que es el mismo que ejerce la acusación, en representación de Esquerra Unida, en el caso de ses Torres, con el objeto de abrir la vía judicial.
La cuestión a saber es si realmente existen argumentos jurídicos válidos para abortar los planes de carreteras del PP. Ignacio Ribas explicó ayer a este periódico que, aunque no se ha definido ninguna linea de actuación concreta, la acusación puede abrir tres frentes distintos.
La legalidad del proyecto. El objetivo prioritario es claro: detener los proyectos. Para ello, la primera vía pasa por la interposición de un recurso contencioso administrativo en contra de la aprobación definitiva de los proyectos en el caso de que existan indicios de que no se ajusten a la legalidad. En este caso, el bufete pediría la suspensión cautelar de las obras, según explicó ayer el abogado mallorquín.
Para aplicar esta primera opción cabe estudiar, según el letrado, «si el proyecto se ajusta a la legalidad». «Hay muchas cosas a tener en cuenta: el impacto ambiental, la documentación y estudios que exige la ley de carreteras y si existe o no presupuesto para su ejecución», explica. Ignacio Ribas recuerda, además, que la ejecución de las dos obras se enmarca en un convenio con el Estado, que «ahora no está en vigor porque el Gobierno lo ha denunciado».