Amics de la Terra confirmó ayer en un comunicado que el fiscal ha comenzado a investigar las obras denunciadas por el grupo ecologista en los acantilados de sa Punta Grossa, en sa Cala de Sant Vicent, y que «ve indicios de posible delito sobre la ordenación del territorio y contra el medio ambiente».
Con el fin de esclarecer los hechos el fiscal ha abierto diligencias informativas en las que insta al Ayuntamiento de Sant Joan a que remita «copia auténtica y completa del expediente de concesión de licencia» y solicita a la Demarcación de Costas de Balears que «informe si las obras se sitúan en dominio público marítimo terrestre, servidumbre de tránsito y/o servidumbre de protección, si cuentan con concesión o autorización, además de cualquier otra información relativa a los hechos denunciados».
Los trabajos que se están realizando en esta zona consisten en el corte de taludes del acantilado y la excavación de la roca, lo que provoca un gran desprendimiento de áridos que van cayendo al mar dejando un paisaje «desolador y devastado» en una zona de la costa totalmente virgen» que, además, recuerdan los ecologistas, está considerada Àrea Natural de Especial Interés (ANEI). Amics de la Terra explicó que ha tenido acceso a una copia de una concesión firmada por el jefe de Demarcación de Costas, Fernando Garrido, para «obras de emergencia», del 5 de marzo de 2004. Sin embargo, para la agrupación esta concesión es «muy irregular» ya que los trabajos no reúnen los requisitos de «obras de emergencia» y considera que Costas podría haber sido «cómplice» de una maniobra hecha expresamente para evitar los trámites administrativos requeridos como el de hacer un estudio de impacto ambiental.
ENE la pasada semana instó también al Gobierno central a que investigue la legalidad de las obras y a que actúe con contundencia.