OLGA QUINTANILLA/TORRES BLASCO
Estas son algunas de las claves políticas del convenio que ayer anunció la ministra Magdalena Àlvarez que sustituye al anterior y que, oficialmente, fue anunciado ayer.
Las obras que el Govern había iniciado sin esperar al visto bueno del Ministerio de Fomento no recibirán consignación presupuestaria de Madrid.
La propia ministra de Fomento Magdalena Àlvarez compareció ayer en la sede del ministerio para dar algunos detalles de la nueva propuesta, anunciar la denuncia del anterior y alabar las gestiones del secretario general del PSIB y diputado socialista por Balears, Francesc Antich. El presupuesto previsto para el nuevo convenio (remitido ayer mismo al Govern) es de 569 millones de euros a invertir en 15 años, de aquí a 2020.
Alvarez apeló a la «responsabilidad» del Gobierno presidido por Jaume Matas para que acepte el nuevo convenio, ya que han «incumplido sistemáticamente el convenio firmado con el anterior Gobierno de José María Aznar».
El Ministerio ya anunció en diciembre que rompería el actual convenio, firmado el 12 de marzo de 2004 por el entonces ministro, Francisco Alvarez-Cascos y el ejecutivo autonómico, ya que el Gobierno balear lo ha vulnerado licitando obras sin la preceptiva supervisión de Fomento y con presupuestos y plazos modificados unilateralmente.
Alvarez anunció que el nuevo proyecto responde a la intención de «evitar malentendidos» sobre la posibilidad de que la denuncia del anterior convenio responda a una «excusa para no invertir» en las islas, porque según la ministra la nueva propuesta es «mejor».
El convenio tiene por objeto, según dijo, establecer el régimen de colaboración entre el Ministerio y el Gobierno balear en materia de carreteras de interés general y se divide en tres anexos.
El anexo primero relaciona «las obras que deberán ser licitadas» por el Ministerio de Fomento en los dos primeros ejercicios, que suman 264,4 millones de euros e incluyen los accesos y variantes a Palma, la variante de Son Servera, la de Ferreries, el nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa y el desdoblamiento Eivissa-Sant Antoni.
Un segundo anexo recoge las «obras de nueva introducción y que serán licitadas a partir de 2009» y cuya programación permitirá su ejecución total en el 2020. En este segundo anexo se incluirán proyectos consensuados con el Govern y los consells.
Alvarez aclaró a los medios que se mantienen «ocho actuaciones» del anterior convenio, mientras que las que han sido objeto de incumplimiento por el Gobierno balear han quedado fuera de modo que será el Gobierno balear quien tendrá que «asumir el coste de las obras ya iniciadas» sobre las que no se consultó al Ministerio.
La ministra destacó que pese a los incumplimientos del Govern (que adjudicó obras por su cuenta y además excedió las licitaciones fijadas) no acudirán a los tribunales, que tiene bastante con la denuncia política.
El ex president Antich estaba ayer eufórico y pidió al Ejecutivo que aceptara el guante que le brinda el Gobierno central y muestre «un nuevo talante». Además destacó la importancia política que tiene el reconocimiento, desde Madrid, de los consells.